En un intento por avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, desembarcó este miércoles en el Congreso para defender la iniciativa oficialista ante los diputados en un plenario de comisiones. La presencia de la funcionaria se contrapone a la ausencia de otros miembros del Gobierno requeridos por los legisladores, como el canciller Pablo Quirno.

La exposición de Ibarzábal Murphy, ladera directa del asesor presidencial Santiago Caputo, buscó contener los reclamos de varios diputados que habían exigido la presencia de funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Quirno, para precisar los detalles del proyecto en la tercera jornada informativa en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

“Este es un tema que nos convoca a todos y se trata de defender nuestra soberanía. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, planteó la titular de Legal y Técnica al comienzo de su exposición, lo que suscitó críticas por lo bajo, y no tanto, por parte de los bloques críticos. En ese momento, según pudo constatar LA NACION, se elevó notoriamente la tensión en la sala.

Acto seguido, la funcionaria admitió que la iniciativa no está exenta de “fallas técnicas” y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a introducir modificaciones. En ese sentido, anticipó que el dictamen oficialista podría incorporar la creación de una comisión bicameral encargada de supervisar el Consejo de Seguridad Nacional, organismo que establece el proyecto y que estará integrado por representantes del Ejecutivo bajo la conducción del presidente Javier Milei.

De esta forma, según el Ejecutivo, se contemplaría “la coordinación de los tres poderes” en lo que refiere a los temas de seguridad nacional. Sin embargo, Ibarzábal Murphy ratificó que el Gobierno no dividirá el texto, como reclama el bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez, mientras que otras bancadas como Provincias Unidas ya adelantaron que irán con un dictamen propio que solo reconoce el Título I de la iniciativa, que refiere a la defensa del territorio de Malvinas.

La secretaria Legal y Técnica sostuvo que el proyecto forma parte de “una estrategia más integral” basada en tres pilares: “castigar a quienes explotan de manera ilegítima, incentivar a los involucrados para que cesen en esas conductas y dotar al Estado de herramientas para defenderse de esas amenazas externas”, según detalló.

De todas formas, desde la bancada peronista ya anticiparon que impulsarán una reformulación del Título I que reafirme su “compromiso con el reclamo de soberanía de Malvinas”, pero que incorpore modificaciones a la propuesta oficial.

Sectores de la oposición tildaron la iniciativa de “engañosa” y “difusa” y acusaron al Gobierno de intentar “monopolizar el poder” a través de una nueva “ley ómnibus”.

Facultades ampliadas

Cuestionan que solo 40 de sus 133 artículos estén directamente vinculados con Malvinas y advierten que el resto amplía las facultades del Ejecutivo para avanzar en reformas de fondo en materia de defensa, seguridad nacional e interior y política antiterrorista.

“Es un bodoque normativo. Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”, advirtió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

“Hay varios proyectos dentro de uno”, repitieron los legisladores de UP al tomar la palabra en el plenario. El debate quedó prácticamente concentrado en los cuestionamientos del PJ sobre distintos puntos del articulado, a los que atribuyen problemas de constitucionalidad y efectos sobre la concentración del poder y la libertad de expresión y “vaguedad” en asuntos como la habilitación de derribos.

“Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica porque está orientado más a la cuestión interna que a la cuestión de la soberanía”, apuntó el diputado de UP Eduardo Valdés.

El respaldo de UP se limitaría al primer tramo del proyecto. “Dentro del Título I, todo”, sintetiza un diputado opositor. Para el resto de la iniciativa, el bloque reclama un debate en profundidad y que cada una de las propuestas sea girada a las comisiones correspondientes.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Martínez tomó la palabra e introdujo en la discusión la controversia por el fallo de la Corte que restituye la derogación de la Ley de Tierras.

“Este debate lo damos en un momento en el que la soberanía está atacada en función de este fallo de la Corte”, apuntó el diputado. Acto seguido, le reclamó a Ibarzabal Murphy que prestara atención y, ante su reacción, lanzó: “Te estás cagando de risa, nena”.

Minutos después, Martínez se disculpó con la funcionaria por el exabrupto. En un clima de tensión contenida, la secretaria de Legal y Técnica cerró su exposición con una aclaración sobre uno de los puntos más cuestionados del proyecto.

Se trata de la incorporación del artículo 225 bis al Código Penal, que castiga con hasta 12 años de prisión a quien, financiado por un actor extranjero, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Sin brindar mayores presiciones Ibarzábal replicó: “No hay intención de afectar la libertad de expresion, sino el de impedir la injerencia extranjera en nuestro territorio”.

Es justamente este artículo uno de los que genera mayores resistencias, incluso dentro del propio oficialismo. Algunos libertarios ya admitieron a este medio que, tal como está redactado, no acompañarán la iniciativa. En ese escenario, reconocen que el Ejecutivo todavía no cuenta con los números para llevar el proyecto al recinto durante la semana del 21 de octubre, como pretende. Para llegar a esa instancia, advierten, deberá ser sometido a “muchas modificaciones”.

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