Megainvestigación: estudiaron en 20 países qué personas sufrieron más durante la pandemia de Covid y esta es la respuesta

Ella admite que en el flemático ambiente del Imperial College London, una de las universidades más prestigiosas del mundo, es poco frecuente ver profesoras mujeres, mucho menos con un inglés que no oculta un fuerte acento español y, para apartarla aún más de la mayoría, con un título de grado en Sociología, una disciplina que no está dentro de la oferta de la institución, orientado a las ciencias duras. Pero Helen Legido Quigley, que acaba de cumplir 50 años y es hija de un español y una inglesa, dice que lleva bien y con humor las diferencias evidentes que la distinguen. Allí ella es catedrática de Ciencias de los Sistemas de Salud, una tarea que también ejerce en el George Institute for Global Health, que comparte campus con el Imperial.

Legido Quigley presentó hoy en Nueva York un trabajo que coordinó durante tres años y que reunió, entre otras cosas, información no solo cuantitativa sino cualitativa acerca de cuáles fueron las principales vulnerabilidades y los grupos más afectados durante la pandemia de Covid-19 en 20 países. El objetivo de semejante investigación, que movilizó la tarea de más de 800 especialistas en distintas disciplinas, es preparar respuestas realmente aplicables si un nuevo azote sanitario de esa magnitud se repite sobre el mundo.

Se trata del informe “Preparación ante pandemias mediante instituciones, movilización de comunidades y equidad” (PRIME, por su sigla en inglés), fruto de una comisión experta entre la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y la revista médica The Lancet. La publicación británica lleva más de un centenar de informes sobre desafíos sanitarios, en los que reúne expertos de primer nivel internacional y que incluyen recomendaciones en políticas públicas. Precisamente desde el martes, también en Nueva York, sesionará la Semana de Alto Nivel de la 81º Asamblea de las Naciones Unidas. La presentación del Informe PRIME es uno de los eventos paralelos de esa reunión internacional.

“Las comisiones de The Lancet suelen estar lideradas por instituciones académicas de Europa o los Estados Unidos, pero en este caso se han tenido en cuenta otras zonas, y es por eso que se conformó desde Singapur –explica Helena Legido Quigley a LA NACION–. Ese país tuvo una muy buena respuesta en la pandemia y además lo conozco bien porque tengo una cátedra de Salud Pública en la NUS. Viví allí durante la pandemia y trabajé varios años en países asiáticos”.

-¿Cuáles son las características especiales de este informe?

-Que propone una visión de 360º: integral, abarcativa, que no deje aspectos afuera. A diferencia de informes previos, el foco del análisis no fue en planes, capacidades técnicas o cumplimiento de normas. Eso es importante, pero no garantiza la protección de la población. No solo se trata de preparar planes de emergencia, de vigilancia, de contar con laboratorios o con suministros y vacunas. Hay que pensar en la prevención y en las respuestas. Para esto los sistemas de salud tienen que estar realmente conectados con la protección social, la participación comunitaria, con los mecanismos que permitan la reparación. Esto incluye a los gobiernos y la cooperación, regional y global. Pero hay que achicar la distancia entre planes y realidad. Una sociedad solo está preparada cuando puede protegerse en la práctica. Y esto supone tomar en cuenta los determinantes sociales.

-¿Por ejemplo?

-Partimos de trabajar con las comunidades vulnerables, algo que cada país identificó. Fue un tipo de estudio que nunca se había hecho en salud pública. El eje central del trabajo fue escuchar directamente a las personas y comunidades que a menudo quedan excluidas de las evaluaciones de preparación tradicionales: personas mayores, migrantes, comunidades indígenas y racializadas, personas con discapacidad, mujeres y personas de género diverso, trabajadores informales y quienes viven en entornos rurales, remotos y desatendidos. En lugar de mirar de arriba hacia abajo, mirar de abajo hacia arriba. Y observamos que más que personas vulnerables existen sistemas vulnerables, que desplazan hacia las personas esas vulnerabilidades.

-La Argentina no fue incluida…

-No. Me hubiera gustado mucho incluirla porque es un país al que le tengo un gran afecto. Fue una razón práctica, no política. De América Latina nos respondieron antes México, Perú y Uruguay. La idea era tener países de todas las regiones que contempla la Organización Mundial de la Salud y que representaran diversidad. Supuso trabajar con culturas e idiomas distintos.

-¿Cuáles fueron los grupos que en cada país se identificaron como más vulnerables?

-En China, residentes ancianos en zonas frías; en Inglaterra, familias que perdieron integrantes durante el Covid; en Etiopía, desplazados y comunidades afectadas por sequías; en India, personas expuestas al Covid y a fenómenos climáticos extremos; en Indonesia, personas en situación de calle; en Japón, mujeres que atienden “snack bars mama”, lugares adonde los hombres van a beber y a buscar conversación. En Eslovenia, jóvenes de 18 a 24 años; en Líbano, profesionales de la salud en crisis; en México, comunidades indígenas; en Mozambique, mujeres de distintas edades; en Noruega, poblaciones LGBTIQ+; en Perú, trabajadoras domésticas; en Singapur, personas mayores. En España, trabajadores agrícolas migrantes; en Tanzania, trabajadores de la salud y personas mayores; en Tailandia, personas con discapacidad; en Turquía, trabajadores de salud; en Uruguay, personas en situación de calle, y en Estados Unidos, trabajadores agrícolas migrantes y grupos étnicamente minorizados.

-¿Qué dificultades fueron las más habitualmente señaladas?

-Las exclusiones administrativas. Muchos tenían inseguridad de subsistencia. Decían, por ejemplo, “no es que no quisiéramos cumplir las normas, es que necesitamos salir para comprar comida o para trabajar, porque no tenemos dinero”. O el problema habitacional, el hacinamiento que impedía que alguien enfermo estuviera aislado en una vivienda con muchos ocupantes. Muchos carecían de conexión a internet o estaban lejos de servicios sanitarios. Un tema fundamental fue la pérdida de confianza en los gobiernos y en las instituciones y en la información. La confianza es un aspecto principal a recuperar.

-¿Cómo se conformaron los equipos multidisciplinarios de PRIME?

-Incluimos no solo médicos especialistas en enfermedades infecciosas, sino también expertos en emergencias sanitarias, en sistema de salud, en cambio climático y en ciencias sociales, pero no para trabajar datos cuantitativos, que son muy importantes, sino también cualitativos, imprescindibles si queremos evaluar “bienestar”. También contamos con expertos en gobernanza y protección social y científicos avezados en modelajes, para evaluar experiencias y corregir errores en tiempo real. Cada país tuvo su coordinador. Tomamos contacto con líderes de la misma comunidad, de instituciones como ongs, mutuales, bibliotecas.

-¿Es seguro que tengamos una nueva pandemia? ¿Se sabe cuándo?

-Sí, están dadas las condiciones. Para poner el riesgo en contexto, otra comisión de The Lancet, la Lancet Commission on Investing in Health (Global Health 2050), cita modelos de pandemias respiratorias por influenza o coronavirus que estiman aproximadamente un 3% de probabilidad anual de una pandemia que cause al menos 25 millones de muertes, una magnitud comparable al Covid-19. La probabilidad a diez años se estima en un 23%. Pero la comisión señala que estas estimaciones tienen una incertidumbre considerable y deben utilizarse para entender la magnitud, no como predicción exacta.

-¿Cuáles son planes inmediatos después de presentar el informe PRIME?

-El primer paso es poner en contacto a los miembros de cada comunidad que forman parte de instituciones de la sociedad civil, no partidarios, con aquellos que diseñan políticas. Y ver qué sucede de ese intercambio. Tenemos el PRIME test, creado para que cada funcionario antes de decidir una política se pregunte y responda honestamente preguntas como por ejemplo “Lo que estoy diseñando, ¿protege a toda la población?”, “¿Asegura equidad para los vulnerables?» “¿Esta política creará confianza porque realmente involucra a las personas”? “Qué efecto tendrá en el trabajo, en la vivienda, en la educación?”.

-¿Una nueva pandemia es inevitable?

-No se puede determinar. Sí se puede elegir de qué manera prepararse mejor. La comisión, por ejemplo, trabajó en dos modelos comparando escenarios: uno en el que los países actúan en función de sus intereses y otro en el que los países cooperan. Ante una hipotética pandemia de gripe A, acelerar la producción de vacunas podría reducir la mortalidad en un 59%, de 58,5 millones a 23,9 millones de personas, aun si los países más ricos las recibieran primero. Distribuirlas de manera equitativa sin que dependa de la capacidad adquisitiva, salvaría otros 2,7 millones de vidas más. Y recuperar la confianza pública en la aplicación de vacunas, 1,9 millones de extra. En síntesis, el número de víctimas mortales en una próxima pandemia dependerá no solo de la velocidad de los avances científicos, sino de quiénes y en qué orden reciban las vacunas. Y esto se basa en razones morales: crear un sistema en que las vacunas lleguen a quienes necesitan para sobrevivir y no solo aquellos que puedan pagarlas.

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