Federico Martín Aramburú: por qué las penas fueron de 26 y 19 años y no de reclusión perpetua
PARÍS.– “¿Cuánto vale la vida de un hombre?”. La pregunta, formulada por uno de los asesinos de Federico Martín Aramburú pocas horas antes de que los 12 jurados y magistrados se encerraran para decidir su destino, resumió por sí sola tres semanas de un juicio extraordinario. La respuesta llegó por la noche, pasadas las 22 en París, cuando Loïk Le Priol fue condenado a 26 años de prisión, y Romain Bouvier, a 19 años.
Este viernes, ante el Tribunal en lo Criminal de París, los cuatro acusados tuvieron la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el jurado se retirara a deliberar. El veredicto debía responder a 20 interrogantes, de los cuales el más trascendental era: ¿cometieron Loïk Le Priol y Romain Bouvier un asesinato con premeditación o un simple homicidio?
Bouvier, con voz ronca, fue el más breve: “Nunca encontraré las palabras que estén a la altura del sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburú. Todo ha sido dicho”. Le Priol, el principal acusado, habló durante más tiempo.
“Durante estas tres semanas, he intentado desnudarme, ser sincero. Por la familia, por el tribunal, para tratar de dar, en la medida de lo posible, unas respuestas que nunca serán suficientes y que nunca reemplazarán al señor Aramburú”, declaró, y prosiguió: “Veintisiete años [la pena de cárcel requerida por la fiscalía]… son una cifra vertiginosa, eran mi edad en el momento de los hechos. Pero, ¿cuánto vale la vida de un hombre?”. Le Priol añadió haber “comprendido muchas cosas” sobre sí mismo y desear “sanar algún día”, incluso en prisión si fuera necesario, “para no volver a cometer nunca más lo irreparable”. Mencionó su fe, consideró la visita del papa León XIV a París este mismo viernes como una “señal” y expresó su esperanza de que la familia Martín Aramburú “encuentre algún día la fuerza” para perdonarlo. “Y que yo pueda perdonarme a mí mismo”, concluyó. Los otros dos acusados, Antony S. y Lyson R., procesados por haber ayudado a Le Priol y Bouvier tras los hechos, no añadieron nada.
El jurado no retuvo los cargos de asesinato y tentativa de asesinato. Según el tribunal, aunque Le Priol, de 32 años, y Bouvier, de 35, tenían la intención de matar a Federico Martin Aramburú, no hubo premeditación en su acto. El primero, un exmilitar descrito durante el juicio como un “psicópata de buena familia”, fue condenado este viernes 26 años de prisión por homicidio. El segundo, un coleccionista de armas con formación literaria, fue declarado culpable de tentativa de homicidio y condenado a 19 años de cárcel.
El presidente, los jueces y el jurado también condenaron a Lyson Rochemir a tres años de prisión, de los cuales 30 meses (dos años y medio) serán en suspenso, por ocultación de pruebas. Por los mismos hechos, Anthony Sorrentino fue condenado a tres años de prisión en suspenso. Todos los condenados, al igual que el fiscal general, disponen de diez días para presentar un recurso de apelación.
Así concluye un proceso que mantuvo en vilo a miles de personas hasta el final. El fiscal Philippe Courroye había solicitado 27 años de prisión para Le Priol por asesinato, 20 para Bouvier por tentativa de asesinato, tres para Lyson R. (uno de ellos, en suspensión) y tres para Antony S. (dos, en suspensión) por ocultación y destrucción de pruebas. La acusación no solicitó ninguna pena de seguridad obligatoria, aunque el tribunal tenga la facultad de imponerla. Muchos se preguntaban este viernes por qué la fiscalía no había pedido cadena perpetua, dado que sostenía que había habido premeditación. Tras cuatro horas de alegatos, varios abogados de las partes civiles esperaban, efectivamente, penas más severas.
El funcionamiento del jurado también generó dudas, especialmente entre quienes siguieron la audiencia en forma remota. Para llegar a un veredicto, los seis jurados populares, con escasa formación jurídica, se sentaron junto a tres magistrados profesionales, que los orientaron sin poder influir en su voto. Pero se trata de decisiones difíciles de tomar, aun cuando, contrariamente a lo que sucede en Estados Unidos, en Francia no se requiere la unanimidad, ya que una mayoría cualificada es suficiente para llegar a una conclusión, incluso para una condena. Durante estas tres semanas, se vio a los jurados tomar abundantes notas e intercambiar impresiones en las escalinatas del Palacio de Justicia durante los descansos, aunque nadie sabe si, antes de este viernes, habían comenzado realmente a deliberar entre ellos. Otra precisión importante dada durante la audiencia fue que los jurados no están concernidos por las peticiones de la fiscalía y pueden, dentro de los límites legales para los delitos imputados, dictar una pena más severa que la solicitada por el fiscal.
El jurado debía responder a 20 preguntas relativas a los cuatro acusados, que versan principalmente sobre la calificación de los hechos (asesinato u homicidio), existencia o no de legítima defensa… En el derecho francés, la diferencia entre homicidio y asesinato radica en un solo elemento: la premeditación. El homicidio, definido por el artículo 221-1 del Código Penal, consiste en quitar la vida a otro de forma voluntaria y se lo castiga con 30 años de reclusión criminal. El asesinato, previsto en el artículo 221-3, es un homicidio cometido con premeditación, es decir, con un plan deliberado formado antes de la acción. Este se castiga con reclusión criminal perpetua. Es precisamente esta cuestión de la premeditación –ampliamente debatida durante la audiencia en relación con el uso de un arma cargada y los minutos previos a los disparos– lo que determinaría gran parte de la envergadura de la pena.
LA NACION consultó a varios de los presentes en el tribunal sobre los momentos que más los habían impactado durante estos días de audiencia. La respuesta fue la difusión de las imágenes de la escena del crimen con el cuerpo de la víctima –la familia, ya avisada, había abandonado la sala–, las fotos del álbum familiar donde aparecen los tres hijos de Martín Aramburú, el sonido sordo y saturado de las detonaciones en las grabaciones de las cámaras de seguridad y el desgarrador testimonio de María Aramburú. También, la cantidad de imágenes que mostraron a Le Priol y Bouvier entrenándose en tirar y posando con armas, así como la personalidad arrolladora de ambos hombres, muy activos durante la audiencia, llenando páginas enteras de notas durante los interrogatorios de expertos y testigos, al punto de que Bouvier se perdía a veces en “laberintos” de detalles. El alegato de la fiscalía, “implacable y literario” de Philippe Courroye, también quedó grabado en la memoria de los que siguieron el día a día de este juicio.
Hubo otros momentos clave durante estas dos semanas. Cuando Le Priol respondió de forma tajante al ser interrogado sobre su contraseña informática, “Panzerlied88”, referencia a un canto militar alemán acompañado del número asociado a una fórmula neonazi. En su defensa, alegó que se trataba de un “error de transcripción”. También tuvo que dar explicaciones sobre declaraciones reproducidas en la audiencia, como “casi me agarro a golpes con un negro de Uber Eats”. Las repetidas disculpas de ambos hombres hacia la familia fueron calificadas de “insinceras” y “falsas” por Shaun Hegarty, el amigo rugbier de Martín Aramburú que lo acompañaba la noche del drama. Otro dato de peso: cuatro disparos en cuatro segundos por parte de Bouvier, y seis disparos en cuatro segundos por Le Priol.
Por parte de la defensa, la estrategia sorprendió por su severidad: los abogados de los dos principales acusados no se apiadaron de sus propios clientes, aludiendo a su “locura”, a su “estupidez” por salir armados a la calle y a la “debilidad”, e incluso el “cretinismo”, para calificar su paso por el grupo de extrema derecha GUD.
Entre los alegatos más memorables se destacó el de la abogada Tortos, en representación de los tres hijos de Martín Aramburú, que lanzó a los acusados: “El papel de víctimas, señores, lo dejamos a ustedes. Ellos no lo quieren. No quieren que sus actos condicionen sus vidas”. También el del abogado Le Bras, en defensa de María Aramburú, quien subrayó el papel del azar en la tragedia: “Si Martín Aramburú y Hegarty no hubieran pasado por el hotel Welcome a pedir hielo, habría sido Le Priol quien disparara primero”. Y el de Sophie Thonon-Westfried, representante de Cecilia Aramburú, la madre de Federico, quien dirigiéndose a los acusados preguntó: “¿Acaso se darán cuenta algún día de lo que ocurrió aquella noche, para convertirse en hombres dignos de ese nombre y para que algún día puedan pertenecer a la comunidad humana?”.
Para la madre de Federico Martín Aramburú, el fascismo mató a su hijo. Su abogada recordó el testimonio de su cliente, que utilizó en repetidas ocasiones la palabra “impunidad”. “Y la impunidad impregnó la sociedad argentina durante 25 años”, añadió la letrada, explicando que, al enterarse de las circunstancias de la muerte de su hijo y del perfil de los acusados, Cecilia recordó que, en marzo de 1975, en Argentina un grupo paramilitar de extrema derecha, la Triple A, había acribillado a un segunda línea del Plata Rugby Club, el primero de los 20 jugadores del equipo que, a su vez, terminaron desaparecidos.
Una vez dictado el veredicto, los cuatro acusados disponen de diez días para apelar. Cada uno puede decidir individualmente si impugna la decisión o acepta la pena impuesta. Por su parte, la fiscalía también puede apelar, ya sea para uno o para varios de los acusados, si considera que las penas han sido demasiado leves. De ser así, el juicio en apelación se celebraría ante otro tribunal, con un jurado popular ampliado. En Francia, la apelación de las decisiones de los tribunales no fue posible hasta el 1 de enero de 2001. Antes de esa fecha, el veredicto de un jurado era definitivo.
A la espera de la lectura del veredicto, Le Priol y Bouvier fueron instalados en salas separadas del Palacio de Justicia. Lyson R. y Antony S., que comparecían en libertad, tuvieron prohibido abandonar el lugar y permanecieron bajo vigilancia, ya que también afrontaban posibles penas de prisión efectiva.
El dispositivo de seguridad se vio reforzado este viernes debido a una coincidencia en el calendario: la visita del papa León XIV a París, cuyo encuentro con la multitud debía concluir al final de la tarde en la plaza Saint-Michel, a pocos cientos de metros del Palacio de Justicia. El acceso principal, con sus famosas escalinatas, estuvo totalmente acordonado.