A partir del 1° de julio, en California comenzarán a regir nuevas leyes que modificarán aspectos fundamentales del día a día de los residentes. Desde regulaciones más estrictas sobre los precios en alojamientos temporarios, hasta normas más claras para los seguros de mascotas, la legislación apunta a fortalecer los derechos del consumidor, mejorar el acceso a servicios de salud y justicia, y preparar mejor a las instituciones educativas ante problemas de salud mental. Las medidas se inscriben dentro de una agenda legislativa más amplia impulsada por el gobernador Gavin Newsom y aprobada por la legislatura estatal.

Suscripciones: será más fácil cancelarlas en California

Una nueva norma facilitará la forma en que los consumidores se deshacen de suscripciones a servicios. La legislación exige que toda empresa que ofrezca planes de registro que proporcione mecanismos de cancelación tan accesibles como los utilizados para entrar.

Además, deberá notificar anualmente al usuario sobre los costos actuales del servicio y los métodos disponibles para interrumpirlo.

• La empresa deberá permitir cancelar la suscripción a través del mismo medio con el que el usuario la contrató (ya sea sitio web, aplicación, teléfono, etc.).
• Será obligatorio ofrecer una opción visible y directa como “clic para cancelar”.
• Se enviarán recordatorios anuales con detalles del precio y de cómo cancelar, según indica el texto de la AB2863.

Precios transparentes en alojamientos de corto plazo californianos

Una modificación en la regulación de plataformas como Airbnb y sitios de hospedaje obligará a presentar el precio final, con impuestos y tasas incluidos, antes de que el consumidor efectúe la reserva. Esta disposición busca evitar sorpresas al momento del pago final y se suma a un movimiento más amplio en favor de la transparencia de precios.

• Toda tarifa adicional por limpieza o penalización deberá estar especificada antes de realizar la reserva.
• La ley contempla multas de hasta US$10.000 para quienes incumplan estas obligaciones.
• Aunque parte de estas medidas comenzaron a regir desde el 1° de julio de 2024, el detalle completo sobre tarifas de limpieza será exigible desde julio de 2025, según consta en la AB2202.

Reformas en seguros para mascotas de California

A partir de julio, las empresas que ofrecen seguros para mascotas deberán informar de forma clara si modifican las condiciones del contrato en función de la edad del animal o la ubicación geográfica del asegurado. Esta normativa busca evitar prácticas poco transparentes en un sector que ha crecido rápidamente en los últimos años.

• Las aseguradoras deberán declarar si exigen exámenes médicos previos o si aplican períodos de espera antes de activar la cobertura.
• Se permitirá excluir condiciones preexistentes solo si se detallan claramente en el contrato.
• No podrán publicitarse programas de bienestar como si fueran seguros para mascotas, salvo que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
• La cobertura deberá comenzar a más tardar a las 00:01 hs del segundo día después de recibir el formulario completo y el pago válido, indica la SB1217.

Nuevos derechos en tratamientos de fertilidad

A partir de julio de 2025, se ampliará la cobertura obligatoria para tratamientos de fertilidad, hasta incluir procedimientos como la fertilización in vitro. La ley redefine el concepto de infertilidad e impide que los seguros impongan restricciones que no aplican a otros tratamientos médicos.

• Los seguros deberán cubrir hasta tres procedimientos completos de recuperación de óvulos.
• No podrán aplicar condiciones más estrictas para medicamentos o servicios relacionados con la fertilidad que para otros tratamientos.
• Las organizaciones religiosas estarán exentas de esta obligación, así como ciertos tipos específicos de pólizas, según la SB729.

Tarjetas estudiantiles con nuevos recursos de ayuda

Desde el ciclo lectivo 2025, las escuelas secundarias deberán incluir el número del servicio nacional de emergencias para crisis mentales —la línea 988— en las credenciales de identificación de los alumnos, debido a la SB1063. También podrán incorporar un código QR que lleve a la página web de salud mental del condado correspondiente.

• Esta medida se aplicará en escuelas públicas y privadas que entregan carnets a estudiantes de entre 12 y 18 años.
• Si las instituciones aún cuentan con tarjetas impresas que no cumplen con la normativa, podrán utilizarlas hasta agotar el stock.

Planes educativos para estudiantes con necesidades especiales

Gracias a la AB438, la planificación educativa para jóvenes con discapacidades deberá comenzar antes del límite actual. A partir de julio de 2025, los equipos encargados del diseño de los programas individuales deberán establecer metas para el futuro del estudiante desde el inicio de su etapa secundaria, sin esperar a que cumpla los 16 años.

• Las metas deberán incluir objetivos postsecundarios y servicios de transición apropiados desde el comienzo de la experiencia escolar de nivel medio.
• Esta disposición obligará a los distritos escolares a adaptar sus prácticas, y la ley contempla mecanismos de reembolso estatal si se generan costos adicionales.

Más información para familiares en casos del CARE Act

Quienes inicien procesos judiciales bajo la CARE Act, la ley que permite ordenar tratamientos de salud mental a personas con trastornos severos, tendrán derecho a recibir actualizaciones clave sobre el estado del caso. Esto incluye avisos sobre aplazamientos, cambios de fecha o el cierre del expediente.

• Los familiares, tutores o primeros respondedores que hayan solicitado intervención estarán protegidos por esta nueva obligación de información, debido a la SB42.

Audiencias judiciales remotas hasta 2027

Las audiencias remotas en causas civiles y de menores se extenderán por tres años más. Además, a partir de julio, los juzgados deberán cumplir con un mínimo de estándares tecnológicos que garanticen la calidad de las sesiones virtuales.

• Los jueces estarán obligados a informar sobre cualquier falla técnica en audiencias penales realizadas a distancia.
• El objetivo es asegurar que las audiencias remotas no perjudiquen el derecho a defensa o la participación efectiva de las partes.

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