El Incaa “libertario”. Primeros ganadores de subsidios y nuevas reglas, en un año con tan solo 56 estrenos nacionales
El pasado dos de junio se publicaron en el Boletín Oficial los resultados (entregados el 13 de mayo) del Concurso de Largometrajes: Ficción y Documental que el Incaa lanzó entre septiembre (resolución) y diciembre (cláusula modificatoria e inicio) de 2024. Hay diez ganadores, ocho de ficción y dos de documental; los primeros recibirán el equivalente en pesos (a la cotización vendedora del día de liquidación) de 225.000 dólares; los segundos, de 50.000 dólares. Es el primer hecho visible de la nueva gestión del Incaa en cuanto a producción cinematográfica, en un momento en el que el sector se encuentra en alerta por las nuevas reglas y disposiciones del Instituto respecto del fomento al audiovisual.
La noticia es buena, aunque es cierto que la producción se contrajo mucho más de lo que se recupera con este concurso. Aun así, en lo que va de 2025 se han estrenado 56 películas nacionales, mientras que en todo 2024 se superaron las 220. Por supuesto que son producciones anteriores que esperaban su estreno: el cine lleva tiempo. Pero la cuenta es clara: este año habrá muchas menos películas nacionales que el anterior, y la tendencia para el próximo también es a la baja, más allá de que se han tomado algunas medidas para mejorar la media, como premios a exhibidores que tengan en su grilla anual al menos un 20% de estrenos nacionales.
Los largometrajes ganadores del concurso son Amazon Dreams, dirigida por Andrew Sala; El corazón es un músculo errático, dirigida por Julián Dabien; El Delator, dirigida por Mariano Minestrelli; La escuela pesada, dirigida por Hernán Rosselli; Los erizos, dirigida por María Victoria Galardi; Se queman de la misma forma, dirigida por Clarisa Navas; Los amantes que no sabían demasiado, dirigida por Gastón Horacio Del Porto; Zona Norte, dirigida por Benjamín Naishtat. En cuanto a los documentales, fueron El buen juicio, dirigida por Matías Scarvaci; y Perfume, una película de María Gabriela Epumer, dirigida por Lucía Ruiz. En la lista se encuentran varios realizadores de peso del cine independiente local como Naishtat (Rojo, Puán), Roselli (Algo nuevo, algo viejo, algo prestado) y Navas (Hoy partido a las tres, Las mil y una), y varios debutantes. El premio se cobra en dos tramos: el 80% a la firma del contrato de realización con Incaa, y el 20% restante, cuando se entrega la copia A certificada de la película. Es decir, una vez terminada.
Lo interesante del concurso son sus bases, de todos modos. Hay restricciones importantes respecto de quiénes pudieron -o podrán en las siguientes convocatorias- presentarse: no deben ser empleados del Incaa o tener alguna relación contractual (están exceptuados docentes o instructores); productores que, en los últimos cinco años hayan estrenado comercialmente una película que superase los 75.000 espectadores (aquí hay que leer correctamente “productores”, que son los representantes en el concurso, no los directores salvo que asuman ambas funciones); quienes figuren en el registro de deudores del Incaa y por supuesto, cualquiera relacionado con la realización de los concursos. También es interesante que, a partir de los dos años del estreno comercial, el Incaa se queda con los derechos no exclusivos de exhibición para sus plataformas y salas.
Ahora bien: la cifra de 225.000 dólares es menos de lo que hoy la industria considera necesario para realizar una película viable comercialmente (fácilmente duplica esa cifra), aunque los montos de subsidios hoy se actualizaron. Sin embargo, es bastante más de los menos de 50.000 dólares en que habían quedado después de 2023… Por otro lado, este dinero no es un crédito, sino un subsidio, el premio otorgado en un concurso. Permite desarrollar proyectos que tienen la obligación de ser realizados en plazos previstos desde la convocatoria. Pero estos concursos no dejan sin efecto los sistemas de subsidios que estaban en vigencia, aunque sí cambiaron las reglas. Hoy el Incaa no subsidia más del 50% de la producción, con montos que no pueden utilizarse como adelantos para salarios (una práctica habitual con el esquema anterior). El resto del costo debe ser asumido por la inversión privada. En el esquema anterior, gran parte del dinero de los subsidios iba al salario de técnicos e intérpretes, y el Incaa podía subsidiar (si estaba dentro del tope de dinero que se actualizaba con cierta periodicidad) hasta el 100% de una película. Es decir, el riesgo del productor era bastante menor que hoy, aunque dada la inflación creciente de los últimos años, ya incluso con una financiación o subsidio total resultaba insuficiente para realizar una película.
Hay dos conceptos, de todos modos, que hay que tener en cuenta. El primero, que el cine es -y siempre fue- caro y altamente riesgoso. No existe ninguna garantía de éxito para ningún proyecto sin importar su costo: basta revisar la lista de fracasos de taquilla recientes de Hollywood para que quede claro. El segundo: la industria audiovisual se subsidia prácticamente en todo el mundo. El ejemplo, otra vez, es Hollywood: a principios de esta semana, el estado de California (uno de los mayores productores mundiales del sector) duplicó su fondo de subsidios -a la producción y también a los salarios- a 750 millones de dólares, luego de que en los últimos dos años perdiese al menos 40.000 empleos registrados. También eso explica la bravata de la administración Trump de imponer aranceles de 100% a films no realizados en los EE.UU., porque la mayoría de los estudios terceriza partes de sus producciones -especialmente de las más grandes- fuera de ese país.
Más allá de esto, el subtexto es claro: tener una industria audiovisual es una decisión política y, para competir en igualdad de condiciones, el apoyo estatal es imprescindible. Las cuestiones son la transparencia respecto de a quiénes y por qué se otorga este apoyo y la disminución de la burocracia. También el seguimiento efectivo en cuanto a la concreción de las películas, la facilidad de ingreso para el sector privado y la proporcionalidad respecto del mercado local, que es siempre donde un film recupera su inversión.
La Argentina tiene alrededor de 1000 pantallas y vende entre 45 y 50 millones de entradas al año. Y la porción de esa recaudación total que corresponde a la producción local, incluso con más de 200 películas, está por debajo del 5%. De las 56 películas nacionales estrenadas este 2025, 35 no alcanzaron los 1000 espectadores. Es el paisaje en el que se resuelve este primer concurso: poco estimulante, pero con potencial.