ASUNCIÓN.- El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue imputado este sábado por “lesión de confianza” y “administración en provecho propio” tras la caída de Ueno Bank y quedó en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva del exmandatario y anticipó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial”, según declaró ante los medios después de la audiencia.

El operativo para trasladar este sábado a Peña duró más que la indagatoria. El expresidente ingresó a la Fiscalía General del Estado por una puerta lateral, sin esposas y escoltado por su abogado, Ricardo Preda. Cuando los fiscales le pusieron las pruebas sobre la mesa, eligió el silencio. Horas después, Carlos Carvallo Spalding, el hombre que manejaba el Banco Central mientras Ueno se desangraba, repitió el mismo libreto. Los fiscales no perdieron tiempo: en ese mismo momento le dieron forma al expediente y convirtieron en proceso penal la causa 92/2026, abierta apenas dos días antes por el fiscal general Emiliano Rolón.

La lista de cargos dice mucho. Al ex presidente le atribuyen lesión de confianza y haber administrado en beneficio propio. A Carvallo le suman un delito que pesa más en boca de un regulador: haber producido documentos públicos con contenido falso, una acusación que apunta a los papeles con los que el Central daba por sano a un banco que ya no lo estaba. Para los dos, la Fiscalía reclamó prisión preventiva, un pedido que el juez habilitó.

El espejo en el que pueden mirarse ambos no es alentador: los cinco ex directivos de Ueno ya duermen en el ex Tacumbú, hoy Centro Nacional de Prevenidos, en Asunción, y las dos exdirectoras esperan en sus casas, con tobillera electrónica.

La jornada

Luego de su primera noche privado de la libertad, Peña había sido trasladado a las 11.30 a la Fiscalía de Delitos Económicos, un edificio en pleno centro de Asunción que está lejos de poder albergar un operativo semejante. A media mañana, la guardia periodística que lo esperaba levantó su campamento cuando llegó la noticia que sería en la Fiscalía General, un complejo de edificios con varias entradas por diferentes calles.

Finalmente, un convoy de varias camionetas de policía rodeaban a una color negro donde estaba el exmandatario. Ingresó este sábado a media mañana al patio central de la Fiscalía por una puerta lateral, lejos de las miradas de los curiosos.

Ya en las dependencias oficiales, Peña bajó sin esposas, de jean, zapatillas y camisa blanca, y entró por un portón interior. En esa instancia fue que la Fiscalía decidió la imputación del exmandatario.

Le leyeron los cargos por los que se lo investiga: lesión de confianza, administración en provecho propio y tráfico de influencias. Su abogado, Ricardo Preda, presente en el juicio político, había dicho en la previa que Peña iba a colaborar con la Justicia y cuestionó que se le pudiera dictar prisión preventiva.

Peña llegó a declarar en la mañana lluviosa de Asunción y caminó sin esposas dentro del edificio de la Fiscalía, subió una escalera y llegó al despacho de la indagatoria. Lo esperaban los fiscales en una mesa de vidrio, con tres biblioratos que contenían la acusación.

Las imágenes de un Peña distendido y sin esposas era interpretada como una señal de negociación con el nuevo gobierno del Paraguay. De hecho, el trato que ha tenido desde que fue detenido es muy distinto al que se mostró con los otros arrestados en el caso Ueno.

Mientras Peña era indagado, la policía cortó una mano del boulevard donde está la sede de la Fiscalía General. Inmediatamente, empezaron a congregarse manifestantes que hicieron escuchar su voz. “Santi a Tacumbú” fue uno de los cánticos que más se oyó por esas horas en Asunción.

Se trata del más popular de los reclamos de la calle, y al que el juez le hizo lugar, para que Peña permanezca detenido en el penal que, durante décadas, fue la vergüenza del sistema carcelario paraguayo. Pensado para unos 1500 internos, el edificio de Asunción llegó a contar con cerca de 4000 reclusos. Dentro de la cárcel, se dieron sangrientas peleas de clanes que se disputaban el control.

La paradoja es que fue el gobierno de Peña el que, en mayo de este año, le cambió el nombre por el de Centro Nacional de Prevenidos y lo destinó solo a presos sin sentencia. Tras vaciarlo de condenados, la población quedó en torno a 1100 personas.

Como se dijo, los movimientos procesales en torno a la figura de Peña tienen un fuerte componente político. De hecho, en la noche del viernes, la detención domiciliaria fue el motivo de una fuerte movilización de manifestantes que exigían el traslado.

Mientras el escándalo de Ueno tenía su capítulo penal más espectacular, el BCP comunicó que los bancos permanecerían abiertos en la mañana de este sábado. Cada entidad informó un cronograma de aperturas de sucursales con sus horarios. Algo similar ocurrirá el domingo, también hasta el mediodía.

La medida tiene por objeto dejar las ventanillas abiertas del sistema financiero para que los clientes de Ueno que no tengan otro banco puedan abrir una cuenta y así recibir el dinero del Fondo de Garantías que el BCP ya empezó a devolver.

El viernes, durante las primeras horas de la mañana, ya habían recuperado el dinero que tenían en Ueno Bank alrededor de 800.000 personas. En total los afectados son más de 3.000.000.

La devolución formal empezó el jueves a la noche y con cuentagotas. El Banco Central eligió para la primera tanda a quienes cumplían dos condiciones: no deberle nada a Ueno y tener una cuenta abierta en otro banco donde recibir la plata. Eran unos 262.000 ahorristas, y a cada uno le giraron como máximo el equivalente a US$15.565. Para los que tenían poco, alcanzó: recuperaron todo. Para el resto fue apenas un adelanto. Una ley votada a las apuradas, que Peña firmó un día antes de presentar su renuncia, estiró ese anticipo hasta unos US$19.050 por persona.

El techo de la red estatal está en unos US$35.700 por depositante, sumando todas sus cuentas en el banco. Antes de pagar, se descuentan las cuotas vencidas que cada cliente arrastre con la entidad. El BCP dice que con eso cubre al 97% de los ahorristas. El 3% restante, los grandes depositantes, quedó en la fila de la liquidación, detrás del Instituto de Previsión Social. Para ellos el Central habla de “métodos alternativos” que nadie supo explicar todavía.

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