Corrupción en Arsat: piden procesar a Facundo Leal por sobornos y el direccionamiento de contratos
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli tiene sobre su escritorio un pedido para procesar al expresidente de Arsat Facundo Leal y a otras nueve personas por el presunto direccionamiento de contratos de la empresa satelital y de fibra óptica del Estado a favor de Argentina Logistic Services SA (ALS), la firma que tenía a su cargo el depósito de San Fernando del que se robó material estratégico de la Red Federal de Fibra Óptica.
El requerimiento, al que accedió LA NACION, lo firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal Sergio Rodríguez.
Para los fiscales, las explicaciones que dieron los acusados “son vanos intentos de mejorar la situación procesal” y la prueba reunida alcanza “con una carga probatoria pocas veces vista”.
Los fiscales pidieron la prisión preventiva para Leal, que ya está procesado con prisión preventiva en otro expediente, por las drogas halladas en su casa durante los allanamientos por esta causa. En esos operativos, además, se encontraron casi 2,5 millones de dólares.
Según el dictamen, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, funcionarios de Arsat y directivos de ALS articularon “un acuerdo venal” para que la empresa privada ganara 12 contratos irregulares de fletes, transporte, grúas y el alquiler del depósito.
ALS cobró de Arsat 1.695.667 dólares y 32.210.287 de pesos, montos que los fiscales consideran un perjuicio para el Estado.
El 1° de noviembre de 2020, el intermediario Santiago Pando le pidió al empresario Diego Padilla, de ALS, que llamara “con urgencia” a Gerardo Boschin, entonces subgerente de Compras de Arsat y cercano a Leal.
El 21 de diciembre, tras una reunión en la sede de Arsat, Padilla le escribió a su colaboradora Sofía Varela Vizgarra: “Viene todo perfecto. […] Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”.
Para los fiscales, “los muchachos” eran los funcionarios.
El 14 de mayo de 2021, antes de cualquier trámite formal, ALS alquiló por 36 meses el predio de San Fernando. El contrato lo firmó Gastón Padilla, hermano de Diego. Ese mismo día, según la acusación, Varela Vizgarra creó una casilla de correo a nombre de Tradelog, una empresa que luego aparecería como supuesta competidora en la compulsa de precios y que ante la Justicia negó haber cotizado.
La nueva prueba, secuestrada en un allanamiento a Arsat del 28 de mayo pasado, refuerza la hipótesis de una competencia simulada. Las tres ofertas del depósito, de ALS, Tradelog y Transportes Padilla (la firma familiar de los Padilla), ingresaron el 10 de septiembre de 2021 en un lapso de 43 minutos. Los tres PDF registran en sus metadatos como autor a la propia ALS.
Además, los archivos de las competidoras figuran modificados por última vez por “Alvarez Juan Antonio”, el comprador de Arsat que cursó las invitaciones. Es decir que se simuló la compulsa de precios.
El dictamen cruza los chats con los pagos de Arsat. El 12 de mayo de 2022 la empresa estatal le pagó a ALS facturas por alquiler, ingresos y egresos del depósito y mudanza. Cuatro días después, Fernando Paredes, presidente de ALS, le escribió a Padilla: “Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a Arsat para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”. Para los fiscales, los rubros coinciden con los recién cobrados.
El 2 de marzo de 2022, Padilla le había pedido a Paredes plata “para llevarle a Arsat”, y aclaraba: “Solo del depósito le tendríamos que dar 22.000”.
Paredes le contestó que había disponibles 15.000 dólares de operaciones y otros 15.000 por tres meses de depósito, y aclaró: “Esto es para Pando por negocio Arsat”.
Los fiscales sostienen que la distinción entre ambas cuentas desarma la defensa de que todo el dinero era una comisión para el intermediario.
Leal alegó que no hay “una sola constancia” de su intervención y que la responsabilidad penal no puede derivarse de su cargo.
Los fiscales argumentaron, en cambio, que en octubre de 2021, Pando le escribió a Padilla: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas […] Que inventes”. Al día siguiente, Boschin avisó que el expediente estaba “a la firma de Facu”.
Ya como gerente general, Leal autorizó en noviembre de 2022 el inicio de la contratación directa para prorrogar el depósito y firmó en diciembre la adjudicación por 133.944.749 de pesos.
En 2024 fue designado responsable de Compliance de Arsat. En noviembre de ese año, con la causa ya abierta, le preguntó a Boschin por ALS, identificó a Padilla como “tu amigo”, advirtió que se había “ido de boca en la fiscalía”.
Para los fiscales, que el encargado de velar por la integridad fuera “uno de los principales protagonistas” revela “el grado de institucionalización” de la corrupción en Arsat.
El análisis de antenas de celulares ubica a Leal, Boschin, Padilla y Pando en el entorno de la estación terrena de Benavídez en jornadas clave, y corrobora un encuentro en el café Havanna de La Recova en octubre de 2024.
Los testigos también complican al exfuncionario. Su chofer, Tomás Scalera Juárez, y sus dos asistentes describieron que Pando visitaba a Leal a menudo, solo y que mantenían un trato de amigos.
El chofer reconoció a Padilla como alguien que “se juntaba con Leal en el rulero”. Y contó que en febrero de 2026 Leal le encargó llevar a Mendoza dos valijas que “pesaban un montón”. Ante una foto, reconoció una de ellas por una raspadura: era la valija en la que se encontró una gran cantidad de dinero.
Para Boschin y para Pablo Pagani, subgerente de Logística y cuñado de Leal, los fiscales pidieron procesamiento sin prisión preventiva por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.
Para Navarro y Álvarez pidieron lo mismo, pero sin cohecho. Diego Padilla y Paredes quedarían procesados como autores de cohecho activo. Varela Vizgarra y Pando, como partícipes necesarios. Gastón Padilla, como partícipe de la administración fraudulenta. ALS SA sería procesada en los términos de la ley de responsabilidad penal empresaria. También se pidieron embargos. En sus descargos, los acusados negaron los hechos.