Convenio de cooperación institucional entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de Salta

En el día de la fecha, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Dr. Sergio E. Lello Sánchez, y el procurador general del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, Dr. Pedro García Castiella, suscribieron un convenio marco y dos convenios específicos para establecer un sistema de colaboración interinstitucional.

Convenio marco

El convenio marco tiene por objeto establecer un marco general de cooperación institucional entre las partes, con el fin de desarrollar acciones conjuntas, coordinar esfuerzos y generar mecanismos de colaboración mutua en materia de:

Política criminal

Investigación penal

Persecución del delito

Fortalecimiento institucional

Modernización tecnológica

Capacitación

Intercambio de información

Asimismo, prevé cualquier otra actividad que contribuya al mejor cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de ambas instituciones. El acuerdo tendrá una vigencia de dos años.

Las principales líneas de cooperación incluyen:

Coordinación en investigaciones penales complejas, transfronterizas o de carácter interjurisdiccional.

Intercambio de experiencias, buenas prácticas y herramientas de gestión institucional, tecnológica y administrativa.

Formación y capacitación conjunta de funcionarios/as, fiscales y agentes mediante cursos, talleres, pasantías, seminarios y publicaciones.

Desarrollo de tecnologías aplicadas al sistema penal, interoperabilidad de sistemas de gestión y análisis de información criminal.

Colaboración en áreas como medicina forense, laboratorios, criminalística, psicología y equipos interdisciplinarios.

Asistencia técnica recíproca y cooperación profesional entre áreas técnicas y de apoyo.

Convenios específicos

Los convenios específicos tienen por finalidad establecer mecanismos de colaboración y articulación tecnológica, destinados al acceso, consulta, intercambio y verificación recíproca de antecedentes penales, registros relevantes y datos vinculados a personas sometidas a investigaciones penales. Estos acuerdos tendrán una vigencia de tres años.

Entre sus principales ejes se destacan:

Conformación de un equipo técnico conjunto, integrado por profesionales de informática, sistemas y áreas legales, que se encargará del diseño, planificación y ejecución de acciones para garantizar un acceso seguro, trazable y limitado a bases de datos con registros relevantes.

Creación de canales institucionales de consulta, bajo criterios de confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento normativo.

Implementación de mecanismos de acceso mediante usuarios institucionales con perfiles diferenciados y auditables, cuando sea técnicamente viable y jurídicamente permitido.

Elaboración de un protocolo técnico-operativo con estándares de seguridad, control de accesos, protección de datos personales y resguardo del secreto de actuaciones judiciales.

Además, se establece un marco específico de colaboración para el desarrollo e incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas al sistema de justicia penal. Las acciones previstas en este punto incluyen:

Desarrollo, validación, transferencia e implementación de tecnologías basadas en IA.

Evaluación conjunta del impacto y funcionamiento de estas herramientas.

Intercambio de buenas prácticas en el marco de una agenda común de cooperación institucional.

Programas de capacitación conjuntos para agentes de ambas provincias.

Seguimiento y evaluación de resultados.

Compromiso con el resguardo de datos y cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de protección de la información.