Coimas en la Andis: Diego Spagnuolo busca frenar el peritaje de los audios y se niega a facilitar una muestra de su voz

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo se niega a facilitar una muestra de su voz para el peritaje que ordenó la Justicia sobre los audios que se le atribuyen e hicieron nacer el caso en el que se investigan presuntos sobornos y sobreprecios.

Además, el exnúmero uno del organismo -que está procesado junto a otra veintena de personas involucradas en una gran trama de irregularidades– solicita que las grabaciones sean apartadas del expediente y se suspenda la realización del peritaje.

Fue a contramano de presentaciones suyas previas, en las que había reclamado que se verificara la autenticidad de esos registros mediante peritajes acústicos e informáticos.

En el nuevo escrito, presentado ayer por uno de sus abogados, Spagnuolo, que hasta la revelación del caso era muy cercano a los hermanos Milei, pidió suspender el trámite –ordenado hace dos semanas por el juez Ariel Lijo– y señaló que la Justicia no puede forzarlo a aportar un registro de su propia voz porque no está obligado a colaborar con la acusación. En suma, piensa que ese aporte podría autoincriminarlo.

“Los cotejos de voz configuran una especie de utilización del imputado como sujeto de prueba y, ante esa posibilidad, la garantía contra la autoincriminación opera como obstáculo legal inamovible”, señala el escrito.

“Especialmente porque su intervención activa e inconsulta en aquella medida podría aparejarle un resultado desfavorable/perjudicial respecto de la acusación que soporta”, agrega Spagnuolo en su presentación.

A comienzos de mes, el juez Lijo había ordenado peritar los audios que dieron lugar a la investigación, en respuesta a un pedido puntual de la Cámara Federal.

En la grabaciones se menciona a Karina Milei

En un intento por hacer caer toda la causa -que avanzó con medidas, procesamientos y una segunda ronda de indagatorias—, las defensas apuntaron sus cañones contra los audios atribuidos a Spagnuolo porque, a contramano de lo que hasta ahora dijo la Justicia, consideran que son la piedra angular de todo el expediente.

En aquellas grabaciones, cuyo origen no está claro, una voz que sería la de Spagnuolo describe un sistema de coimas al interior de la agencia Andis, de la cual el funcionario era el máximo responsable.

En su presentación de ayer, uno de los abogados de Spagnuolo, Pablo Parera, volvió a asegurar que los audios en cuestión fueron manipulados, porque, en lo que parece ser una conversación entre al menos dos personas, se escucha una sola voz.

Evita, en cambio, sostener que los audios fueron intervenidos con inteligencia artificial, como sí había advertido la defensa en otras oportunidades.

La presentación implica un giro en la postura de Spagnuolo. Al comienzo de la causa, en sus apelaciones de octubre de 2025, el exfuncionario criticó que el juez no hubiera cumplido con la “obligación elemental” de verificar el origen y la validez de los registros mediante peritajes acústicos e informáticos antes de avanzar con otras medidas.

En esa línea, presentó luego un peritaje privado realizado por una empresa alemana, en el que se indicaba una posibilidad de “trazas de voz sintética con una probabilidad del 65% en ciertos fragmentos”.

La causa

La Cámara Federal revisa por estas horas la primera ronda de procesamientos que dictó el primer juez al frente de la causa, Sebastián Casanello.

Entre exfuncionarios y empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos para el organismo, alcanza a un total de 19 personas.

Pablo Atchabahian

Además de Spagnuolo, a la cabeza del presunto sistema de sobreprecios y retornos, en la acusación del fiscal Franco Picardi se encuentran Daniel Garbellini, exnúmero dos del organismo, el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian, que habría tenido injerencia y Miguel Ángel Calvete, quien se habría movido como un “director paraestatal” del organismo, dando órdenes.

A su vez, desde fines de abril se lleva a cabo una segunda ronda de indagatorias impulsada por el fiscal que incluye cinco ampliaciones y alcanza a otras 24 personas nuevas, vinculadas en su mayoría a las empresas que habrían participado del sistema de direccionamiento y sobreprecios.

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