El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que comenzará a utilizar aviones propios para ejecutar vuelos de deportación vinculados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida forma parte de una estrategia destinada a reducir la dependencia de compañías chárter privadas utilizadas hasta ahora para este tipo de operaciones.

Cómo funcionará la nueva flota del DHS para deportaciones

La nueva flota está integrada por diez aeronaves adquiridas entre enero y marzo: ocho Boeing 737 y dos Gulfstream G-650. Según informó el DHS a CNN, los aviones todavía atraviesan procesos de mantenimiento, certificaciones y adaptaciones técnicas antes de entrar en funcionamiento.

“Prevemos que podremos integrar estos aviones en nuestros esfuerzos de deportación en las próximas semanas”, dijo un portavoz del organismo al medio. El plan contempla que las aeronaves sean propiedad del gobierno federal, aunque la operación inicial estará a cargo de empresas externas especializadas en vuelos chárter.

El objetivo oficial es crear una estructura aérea propia para apoyar las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump. De acuerdo con la información, la iniciativa busca ampliar la capacidad operativa del ICE y acelerar las expulsiones de inmigrantes.

Las autoridades sostienen que el uso de aeronaves propias permitiría optimizar rutas y disminuir costos operativos a largo plazo. “Los aviones fueron sometidos a mantenimiento y controles de seguridad, así como a cualquier modificación necesaria para satisfacer las necesidades de la misión de deportación”, aseguró el portavoz.

¿Costos muy altos? Las críticas al DHS por la compra de aviones para deportaciones

El proyecto quedó bajo supervisión del actual secretario de Seguridad, Markwayne Mullin, quien asumió el cargo este año y revisó los contratos firmados durante la gestión anterior de Kristi Noem. En ese entonces, el DHS calculó que el programa podría generar un ahorro de hasta US$280 millones mediante la reducción de contratos con operadores privados.

Sin embargo, distintos especialistas del sector aeronáutico cuestionaron el costo de las adquisiciones realizadas por el gobierno. Según evaluaciones independientes citadas por CNN, algunas aeronaves habrían sido compradas por valores superiores a los precios de mercado.

Uno de los casos más señalados es el de un Boeing 737 valuado en US$70 millones equipado con cama, cocina y bar. El DHS indicó que esa unidad será utilizada para tareas de “mando y control” y traslados oficiales relacionados con operaciones federales.

Además, exfuncionarios y analistas sostuvieron que la flota fue adquirida antes de definir completamente el esquema operativo y financiero. Los críticos también remarcaron que varios aviones permanecieron inactivos durante meses en un centro de mantenimiento ubicado en Louisiana.

Los desafíos regulatorios que enfrenta el programa del DHS

Otro de los puntos observados por especialistas está vinculado con las autorizaciones necesarias para operar los Boeing 737. Varias compañías que actualmente realizan vuelos de deportación para el ICE no cuentan con permisos regulatorios para utilizar ese tipo de aeronaves.

La adaptación del sistema también requiere contratar y capacitar pilotos específicos para esos modelos, además de sumar personal técnico y equipos de mantenimiento. Fuentes del sector señalaron que este proceso podría extenderse durante varios meses.

“Quizás se puedan comprar los aviones ahora, pero ¿cómo se financia el personal y todos los servicios y el apoyo integral que se requieren a largo plazo?”, cuestionó un exfuncionario del ICE a CNN. A esto se agregarían los costos permanentes de combustible, revisiones mecánicas, seguros y tripulaciones, elementos que forman parte de la operación diaria de una flota aérea de gran escala.

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