Uso discrecional de la flota presidencial

Es recurrente ver en cada encuentro de gobernadores, funcionarios nacionales o poderosos sindicalistas un enorme número de jets privados que las autoproclamadas “celebrities” de nuestra política y sus familiares utilizan para evitar mezclarse con el público en general, debidamente aislados de la realidad que vivimos y vemos todos.

Un claro ejemplo del despilfarro de fondos públicos tuvo lugar dos meses atrás en la ciudad de San Juan, sede de un partido de nuestra selección nacional de fútbol que, “casualmente”, coincidió con un encuentro de gobernadores peronistas. Como si no se tratara de un país con más del 40% de su población en la pobreza, gobernadores y demás funcionarios llegaron en lujosos y modernos aviones jet que, cuando no están al servicio de los poderes ejecutivos provinciales, cumplen vuelos sanitarios. Casi todas las provincias tienen entre una y dos aeronaves de este tipo, más algún avión o utilitario y helicópteros que son usados sin límite, decoro ni vergüenza para trasladarse a cuanto evento tenga lugar en Buenos Aires o en alguna otra plaza del interior. Incluso, muchas veces despegan a la misma hora y con el mismo destino que un vuelo regular de empresa aerocomercial. Esos jets cuestan entre dos y tres mil dólares por hora. Para un congreso partidario en la ciudad de Buenos Aires, el viaje en jet de un gobernador le cuesta en promedio al erario provincial cerca de un millón de pesos, contra unos 40.000 que costaría un pasaje en la empresa estatal. Los favores aéreos son, además, moneda corriente en la política.

La Agrupación Aérea Presidencial, al servicio exclusivo del presidente de la Nación, cuenta con tres helicópteros Sikorsky comprados por la administración Menem y un Boeing 737, a los que suman dos Learjet 60 de la Fuerza Aérea Argentina. Tanto el Presidente como la primera dama y su mascota Dylan son pasajeros frecuentes de la referida flota pública, que muchas veces incluye el último helicóptero adquirido por la Policía Federal. Las restricciones impuestas por la cuarentena no detuvieron a Fabiola Yañez, quien, en cuatro ocasiones de un total de 17, sorteó la prohibición para viajar a Misiones, en “visita oficial”, según registros públicos.

A menos que la vicepresidenta estuviera reemplazando temporariamente al Presidente, su investidura no la habilita a utilizar las aeronaves oficiales. Sin embargo, es usual que ella, reticente a viajar en helicóptero, disponga del Boeing presidencial que, por su gran tamaño, le garantiza mayor privacidad que los Learjet para trasladarse a Río Gallegos, con un costo de 12.000 dólares por tramo, unos cinco millones de pesos por fin de semana. La violación a la ley en la que incurre es doble: usa indebidamente las aeronaves y, además, lo hace por cuestiones particulares. Entre febrero y junio de 2021 se contabilizan 13 traslados entre Buenos Aires y Santa Cruz, además de un vuelo ad hoc desde la ciudad de Buenos Aires para transportarla de El Calafate a Río Gallegos, a unas tres horas de viaje en auto. Para las Fiestas, entre el 23 y el 30 de diciembre, seis fueron los viajes del Tango 11: iban con ella y regresaban vacíos, a casi 20.000 dólares por tramo.

Desde febrero habrían sido unos 30 vuelos. Solo 15 iban con ella a bordo. El resto, vacíos. Sumados los seis de lo que va del año, medio millón de dólares. Como si fuera poco, según surge de fuentes confiables, la vicepresidenta recurre también al avión de YPF, otro Learjet 6.

No olvidemos que entre 2003 y 2015 los “vuelos canillita” llevaban un promedio de 5 kilos de diarios sin ningún pasajero, 19 probados en uno de los desprendimientos de la causa de los cuadernos de las coimas, con testimonios sobre las valijas y mobiliario para los emprendimientos hoteleros familiares. Es sabido que incluso Florencia Kirchner utilizó estos aviones para desplazarse con amigas.

En tiempos de campaña, Victoria Tolosa Paz también se benefició con el uso de un recurso público como un avión de la Policía Federal para presentarse en un acto proselitista. El récord lo tiene Sergio Massa en sus recorridas bonaerenses: 53 vuelos en naves de la fuerza policial. Solo entre 2014 y 2018, había totalizado 290 vuelos en jets privados.

Paradójicamente, nuestra Fuerza Aérea debe recurrir a aviones de museo para cumplir con sus obligaciones operativas, incluyendo aquellas relacionadas con la pandemia. En los últimos dos años recuperaron dos aeronaves Fokker 28 de unos 50 años de antigüedad que habían sido raleadas del servicio en 2017 y, al menos una, enviada al Museo Nacional de Aeronáutica junto con otra que ya se encuentra exhibida allí, aunque probablemente también sea vuelta al servicio luego de hacer las delicias de los visitantes. Ante la falta de recursos para adquirir aviones de transporte, solo se compró un Boeing 737 y dos Beech pequeños. El cansado Fokker 27 está siendo alistado para volver al servicio luego de ser, como sus hermanos mayores, enviado al museo. A todo esto, el presupuesto preveía unos 65.000 millones de pesos para cubrir las pérdidas operativas de Aerolíneas Argentinas en 2022. Con solo el diez por ciento de esa cifra, la Fuerza Aérea podría adquirir dos aeronaves de transporte mediano por año.

Los funcionarios deben abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, mucho más en momentos económicos críticos como los que atravesamos. El nivel de desmesura alcanzado confirma la incapacidad de estos dirigentes para interpretar el hartazgo de una ciudadanía que reclama actitudes a la altura de las circunstancias.

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