Quién controla el juego de la política

La aprobación de la Ley Bases y de las reformas impositivas impulsadas por el Gobierno por parte de la Cámara de Diputados comienza a despejar una de las grandes incógnitas que pesan sobre la vida pública: cuál de los actores principales del sistema está en condiciones de controlar el juego general en favor de su programa. El contenido de esas leyes es crucial para la marcha de la administración. Proveerán de más recursos al Estado en un momento en que las autoridades se empeñan en eliminar el déficit del Tesoro. Y dotan al Poder Ejecutivo de herramientas valiosas para avanzar con su plan de liberalización de la economía. Es el aspecto sustantivo de esas normas.

Pero la votación cobija otra señal, política, decisiva para el experimento que encabeza Javier Milei. Pone en evidencia que el Presidente está en condiciones de conseguir el apoyo del Congreso a pesar de que las bancadas de La Libertad Avanza son muy pequeñas.

Es una novedad muy relevante, porque el fracaso en ese objetivo podría significar que la dinámica del poder pase a estar controlada por la oposición más severa, que lidera Cristina Kirchner. El pasable triunfo de Milei ha sido una derrota de la expresidente. Ella se había propuesto organizar, alrededor de los gobernadores peronistas y de los radicales que militan en las universidades estatales, una mayoría que bloqueara el ajuste del oficialismo. A comienzos de febrero imaginaba que en el parlamento se podría sumar un número suficiente de voluntades para coparticipar el impuesto PAIS, el impuesto al cheque y un 30% de las retenciones agropecuarias. Ese plan significaba, como es obvio, acorralar a Milei hasta llevarlo al borde del abismo. La señora de Kirchner insiste en que las elecciones de 2023 descubrieron que la representación está dividida en tercios. Sabe que su poder depende en buena medida de que se mantenga ese diseño. Si dos de esos tercios se unen en su contra, deberá pensar el futuro de otro modo. Lo que sucedió el martes en la Cámara de Diputados fue que, al menos alrededor de una agenda acotada, y de una negociación muy trabajosa, la Casa Rosada consiguió la convergencia de dos de esas tres fracciones. Con un agravante para el liderazgo kirchnerista en el PJ: gracias a la paciencia y habilidad del ministro del Interior, Guillermo Francos, esa mayoría se formó con la colaboración de muchos gobernadores de ese partido.

Así como el visto bueno para estas dos leyes mejora la capacidad de Milei para gestionar el país, la obtención de ese objetivo debió superar dificultades inquietantes. No sólo se demostró la resurrección del Congreso como un poder determinante. Quedó también en evidencia el nivel de fragmentación que afecta a la política y, por lo tanto, a la representación parlamentaria. No sólo antiguas unidades, como Juntos por el Cambio, están ahora desarticuladas. Aun en el interior de las nuevas fracciones se han formado grupos que responden, más que a alineamientos ideológicos, a la defensa de intereses materiales.

Ahí aparece el aspecto menos edificante de este renacimiento del Poder Legislativo: deja ver la contradicción escandalosa entre las palabras y los hechos de sectores muy amplios del sistema político. Con una sorpresa: en La Libertad Avanza, que se propuso como agente de la regeneración de ese sistema, aparecen manchas prematuras de los vicios que pretendía eliminar. Quiere decir que la interminable sesión que se inició el lunes funciona como una radiografía del estado actual de la democracia.

Sobre todo porque ocurrió algo sorprendente: en medio del debate, una mayoría de diputados consiguió aprobar, en contra del oficialismo, la reforma al régimen de impuestos internos de la industria tabacalera que el mismo oficialismo había retirado por razones que, con el paso de los días, se vuelven más y más oscuras.

La venta de cigarrillos está gravada por dos impuestos internos combinados: una alícuota de 70% sobre el precio del atado, o un monto mínimo que la AFIP va actualizando con la inflación y que hoy es de 793 pesos. Se paga la suma que sea más alta. El sentido es encarecer el precio de los cigarrillos para desalentar su consumo.

Un empresario local del sector, Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, recurrió a la Justicia denunciando que el impuesto mínimo es inconstitucional. Su argumento es que sus costos de producción están por debajo de esa cifra de 793 pesos que hoy debería tributar. Existe un consenso muy amplio entre los abogados sobre la incorrección de ese razonamiento: ¿Qué importancia tiene que el impuesto sea superior a sus costos si él, en vez de absorberlo, lo traslada a los consumidores? A pesar de esta observación, Otero consiguió varias cautelares en la justicia contencioso-administrativa. Y algo más: logró que un juez penal federal abriera un expediente para que Otero denuncie a quienes objetan su planteo. ¿Quién es ese juez? Tres opciones: ¿Ariel Lijo, Ariel Lijo o Ariel Lijo?

La historia de esas cautelares es curiosa. Muchas han ido cayendo, inclusive por pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, pero Otero sigue sin pagar el impuesto mínimo. Según algunos tributaristas ya acumula una deuda de más de 1000 millones de dólares. Además, en el mercado de los cigarrillos observan que Sarandí evadiría declarándole a la AFIP un precio que a menudo es la mitad del que se consigue en los kioscos. Gracias a estas ventajas, Sarandí creció, de la nada, hasta quedarse con el 40% del mercado. Y la fortuna de la familia Otero se hizo incalculable. La situación puso en pie de guerra a las grandes vendedoras de cigarrillos, que deben competir en desventaja, pagando el 70% de impuestos sobre cada paquete vendido.

La AFIP ha decidido no intimarlo, sobre todo en el período de Alberto Fernández, cuando su titular era Carlos Castagneto. Para blindar a su empresa frente a los tribunales y a los recaudadores, Otero ha montado una opaca maquinaria de lobbying y prensa, en la que habrían coincidido gestores como Adrián Kochen o el tenebroso Antonio Stiuso. Habladurías.

Al elaborar el paquete fiscal, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, decidió darle la razón a Otero. Eliminó el impuesto mínimo y fijó una alícuota de 73% para todas las ventas. Además, se crearía un sistema de fiscalización de precios para evitar subfacturaciones. Estas innovaciones figuraron en el primer proyecto remitido al Congreso.

A pesar de que convalidan su planteo, estas reformas serían muy negativas para Otero. Al eliminar el monto mínimo, carecerían ya de sentido las cautelares conseguidas en los juzgados. Sarandí debería pagar 73% de impuestos sobre un precio que, además, sería monitoreado en los kioscos. Como consecuencia de este perjuicio, apareció la primera paradoja: Otero comenzó a presionar en el Congreso para que se mantenga el gravamen que él objetaba en los juzgados por inconstitucional. Esa contradicción tiene una lógica: como, según todo indicaría, a este empresario no le cuesta conseguir cautelares a su favor, y como la AFIP no lo persigue, prefiere que se mantenga un tributo que considera incorrecto. Total, gracias a los jueces y a las clementes autoridades de la AFIP, no lo paga.

La negativa a modificar el sistema impositivo impulsado por el Ejecutivo llegó a la Cámara de Diputados. Tuvo su vocero más activo en el presidente del bloque del Pro, y candidato de Mauricio Macri a presidir la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. El empeño de Ritondo por defender la posición de Otero fue tan apasionado que varios compañeros comenzaron a llamarlo con el cariñoso apodo de “Pucho”. Como suele suceder, “Pucho” consiguió que la segunda voz se la hiciera Diego Santilli. El excandidato a gobernador bonaerense promovía su propio proyecto: un aumento de la alícuota a 75% y un impuesto equivalente al impuesto mínimo, que él llamo “sanitario”. La principal función de ese nuevo gravámen sería la de ser anulado en la Justicia a través de cautelares. Una luz “el Colo”. El otro detractor del proyecto que afectaría a Otero fue Castagnetto, otrora remolón director de la AFIP, ahora diputado.

El proyecto del Ejecutivo no llegó a tratarse en el primer intento por aprobar el paquete fiscal porque, según explicaban los funcionarios, Ritondo puso como condición abolir ese articulado a cambio de que Pro aprobara la ley. Cuando la operación parlamentaria fracasó, el Presidente culpó entre los culpables de esa frustración a “El Señor del Tabaco”. Es decir, a Otero.

Cuando se iniciaron las conversaciones para resucitar la Ley Bases y la reforma impositiva, apareció un pequeño cambio: ahora el Ejecutivo ni siquiera proponía los artículos sobre la venta de cigarrillos. Ese capítulo había sido eliminado. Los diputados de la oposición fueron notificados de ese cambio el 27 de marzo. Los colaboradores de Milei explicaron que era la condición puesta por “Pucho” Ritondo para aprobar todas las leyes. Macri habría pedido explicaciones a Ritondo, quien habría jurado que él ya no era el responsable del tema. Es decir: para “Pucho” ya había un acuerdo entre el Gobierno y Otero. ¿Habrá sido así? ¿Lo habrá gestionado él?

Son misterios. Lo verificables es que para el 13 de marzo Luis Caputo había enviado al Congreso un borrador con una nueva versión, mejor redactada, de la misma reforma. Sin embargo, el 9 de abril, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, posteó en la red X que un grupo de diputados había logrado eliminar el capítulo de impuestos internos del tabaco en beneficio de una sola empresa, “que se autopercibe Pyme pero factura más de 800 millones de dólares por año y que se presenta como nacional pero importa todo el producto que vende”. Sáenz se siente afectado por la caída de recaudación que implica el comportamiento de Otero, ya que esos recursos son coparticipables. Además, denunció algo no tan evidente: Sarandí importa casi todo el tabaco que necesita desde Brasil. ¿Cómo habrá conseguido las dichosas Sira durante los años de Alberto Fernández y Sergio Massa?

Es más que evidente que la democracia argentina pide a gritos un régimen confiable de auditoría sobre el financiamiento de las campañas. El caso de las tabacaleras vuelve a demostrarlo.

Y el 18 de abril el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, visitó la Cámara de Diputados y, cuando le preguntaron por la supresión, contestó en una avergonzada media lengua: “El Ejecutivo tiene la intención de llevar adelante esa reforma pero cambiaron las condiciones políticas y sociales… Igual Ustedes, los legisladores, tienen la facultad de generar normas impositivas, así que pueden hacerlo”. ¿Cuándo comenzó la secuencia que terminaría en el desistimiento de la Casa Rosada de modificar los impuestos del tabaco?

Es difícil saberlo. Pero algunos observadores subrayan una fecha clave: 28 de febrero. Ese día Milei invitó a Ritondo a un almuerzo inesperado. Los diarios aventuraban que esa semana el Presidente recibiría a Macri, recién regresado desde Cumelén. Pero prefirió hablar con “Pucho”. ¿Fantasías conspiranoicas de mentes afiebradas?

Al eliminar la reforma de impuestos internos por propia iniciativa, el oficialismo irritó a los demás bloques de la oposición con los que venía negociando la sanción de las leyes. Esos diputados comenzaron a explorar el consejo de Guberman: recurrir a su propia iniciativa. Comenzaron a conversar Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; los radicales de Rodrigo de Loredo, encabezados por Natalia Sarapura; el bloque Innovación, que reúne a salteños y misioneros, liderado en este tema por Pamela Caletti; y el bloque Hacemos, de Miguel Pichetto, donde se movió, sobre todo, Nicolás Massot.

El aire se puso espeso. Como relató con detalle Camila Dolabjian en LA NACION, llegó un anónimo a una cámara de tabacaleras locales con la versión de un pago de sobornos a un grupo de diputados, que incluía a dos de Pro, y al kirchnerista Carlos Castagneto. Se lo atribuyeron a Otero. Hubo una acusación formal en el juzgado de Daniel Rafecas, que investiga el fiscal Carlos Rívolo.

Hubo contraataque. Una presentación fantasmal, que hasta donde se sabe no llegó a destino, para que la Securities and Exchange Commission de Nueva York investigue si Phillip Morris incurrió en alguna incorrección para motivar la reforma impositiva. El diputado López, de la Coalición Cívica, recibió un email muy extraño, en el que un presunto periodista, de existencia dudosa, le preguntaba por lo mismo. El periodista se llamaría Paulo Antônio Costa, y el único indicio de su existencia es una cuenta de Linkedin abierta cinco días antes de que enviara el email. A Otero alguien le está robando la plata. Dicho sin faltar el respeto.

Para que en los ataques quede marcada la huella del oficialismo, Fernando Cerimedo, quien se declaró el administrador de los trolls con que La Libertad Avanza agrede a sus críticos en las redes sociales, comenzó a insultar al diputado López acusándolo de recibir “sobres” para intervenir en el debate.

La clave decisiva del conflicto apareció el lunes a las 8 de la noche. Fue cuando se incorporaron al grupo que pretendía reponer la reforma fiscal 21 diputados del bloque peronista, liderados por Victoria Tolosa Paz. Así se llegó a la mayoría de 82 diputados que aprobó el nuevo régimen de tributos para los cigarrillos.

Para ponerlo en la jerga libertaria: “Pucho” no la vio. Él es audaz. Pero ineficiente. Se le escapó el acuerdo con Tolosa. Se le escapó también que, si en vez de hacer votar por la negativa a los 77 diputados que se opusieron al cambio, lo hubiera hecho abstener, las abstenciones habrían sido más numerosas que los votos emitidos. Existe jurisprudencia de la Corte considerando que, cuando ese es el caso, la ley no es válida. Con ese argumento Otero podría haber vuelto a la Justicia y mantener su status quo. Pero la distracción imperdonable de Ritondo tiene que ver con su propia bancada. Cinco diputados, acaso por vergüenza, abandonaron el recinto en el momento de votar: Alejandro Bongiovanni, Germana Casas, Daiana Molero, Marilú Quiroz y Ana Clara Romero. Otro, Álvaro González, no asistió a toda la sesión. Aníbal Tortoriello, de Río Negro, votó a favor de reponer los cambios. Con que sólo los ausentes hubieran votado con el resto del bloque la reforma no habría sido sancionada. Es lógico que Otero esté enardecido con “Pucho”.

Esta votación presenta un mapa del estado actual de la política. El Pro votó contra la que sería la posición de Macri. El expresidente asume el miércoles que viene la presidencia del partido con una incógnita sobre su verdadera autoridad.

La Libertad Avanza rechazó la reforma que había propuesto en diciembre, pudiendo aprobarla. Sobre esta incoherencia prosperan versiones escabrosas. ¿Hubo un acuerdo de Otero con el Gobierno, gestionado por “el Mago del Kremlin”, Santiago Caputo? Es el asesor estrella de Milei y, se presume, el jefe operativo de Cerimedo. La especulación, muy insistente, es interesante, porque hace juego con otra: que Caputo habría pactado el manejo de la Aduana con la conducción anterior, liderada por Guillermo Michel. Para decirlo con más claridad: Caputo habría inoculado al oficialismo con los vicios de los antecesores en el control del comercio exterior. ¿El entendimiento con Otero, un mega importador, es parte de esa paz? Imposible verificarlo, al menos por ahora.

Otra curiosidad. El radicalismo votó en bloque en contra de los intereses de Tabacalera Sarandí. Salvo dos diputadas: Danya Tavela y Mariela Coletta. Militan en la línea interna Evolución, igual que Martín Lousteau. Va a ser interesante observar qué hará Lousteau cuando el texto llegue al Senado. Todos responden a Emiliano Yacobitti, un demonio para Milei, al menos cuando se trata de la administración universitaria. Es evidente que para otras materias siempre hay un sótano disponible para acordar. Es el modus operandi de la casta. Milei lo va aprendiendo.

¿Qué hará ahora el Presidente? ¿Vetará lo que votaron los diputados? ¿Vetará lo que él mismo propuso? Llegó la hora del principio de revelación. Un veto desnudaría acuerdos que van más allá de las presiones de Ritondo. Porque, como señaló el secretario Guberman, el Poder Legislativo tiene una capacidad tributaria que debería ser respetada. Sobre todo cuando camina en el mismo sentido que el Ejecutivo. Aunque este Ejecutivo parece, en muchas materias, volver sobre sus pasos. Es tal vez riesgoso cuando se trata del negocio del tabaco. Por ejemplo, el expresidente Horacio Cartés, de Paraguay, padece una condena internacional que le impide ingresar a los Estados Unidos.

Este panorama político tan invertebrado presenta algunas regularidades. Hay una muy interesante: el elenco que trabajó a favor de Otero coincide casi con exactitud con el que promueve la candidatura del controvertido Lijo para la Corte. Milei, Ritondo, Yacobitti: son sólo tres ejemplos.

El Presidente, en un diálogo con la radio El Observador, volvió a defender la candidatura de Lijo. Cada vez que lo hace se enreda un poco más. Esta vez no insistió con que él necesita una Corte alineada con sus ideas liberales. Dijo que quiere una Corte que respete la Constitución, que es liberal. Sin embargo, al argumentar a favor de las condiciones personales de Lijo, volvió a dar un motivo desopilante: que ese magistrado conoce a la perfección como funciona el sistema judicial; y que sus reformas necesitan una Corte expeditiva. Respecto de lo primero, no hay lugar a dudas: Lijo conoce a la perfección cómo funciona el sistema judicial. Basta con releer esta nota. Lo segundo es gracioso: Lijo no sólo se hizo famoso, sino que mereció una denuncia penal del Colegio de Abogados, por no resolver los expedientes y tener causas durmiendo por más de una década. Sin ir más lejos: la de las tacabaleras lleva más de cinco años. Aunque hay un caso en el que el Presidente tiene razón: cuando, a instancias del tabacalero Otero, Federico Sturzenegger fue denunciado en una causa penal, Lijo habilitó la feria con toda velocidad para tratar el caso. ¿No habrá alguien que engaña a Milei haciéndole creer que con Lijo tendrá en el máximo tribunal un juez confiable?

Existen más de 30 pronunciamientos de organizaciones ligadas al Derecho y a la preocupación por la calidad institucional, advirtiéndole a Milei sobre los vicios de su candidato a ocupar el más alto tribunal. Pero él ha resuelto no escuchar a nadie más que a Ricardo Lorenzetti. Es el padrino de Lijo, un ahijado ingrato, que está buscando a toda establecer un contacto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, incurre en una incomprensible demora para publicar las objeciones que pesan sobre Lijo en el proceso de designación. Cúneo debería ser más escrupuloso, porque se trata de un candidato que fue cliente suyo en una delicadísima causa penal.

Como con el régimen de Tierra del Fuego, que ahora la Cámara de Diputados, en la ley impositiva, recomienda modificar; y como con los impuestos a los cigarrillos, el Presidente cambia de razones sin demasiada justificación. Tal vez haya algo en el aire que respira. Muy de a poco, comienza a recordar algunos rasgos de su antecesor.