El Gobierno frenó la habilitación de nuevas aseguradoras de Riesgos del Trabajo por la crisis del sector

La Superintendencia de Seguros de la Nación resolvió la suspensión por 180 días del tratamiento de nuevas entidades que busquen operar en la rama de Riesgos del Trabajo, debido a la crisis financiera que atraviesa el sector a raíz de la pandemia. La medida alcanza a los pedidos en curso que están bajo análisis del organismo.

La titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Mirta Adriana Guida, adoptó la resolución que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial bajo el número 30/22. Según la norma, las empresas “se encuentran en un contexto por demás complejo por efecto de las indemnizaciones abonadas y pendientes de abonar como consecuencia de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2″.

En efecto, las empresas de ART debieron asumir la cobertura de todos los trabajadores que se contagiaran de Covid-19, de acuerdo con el DNU 367/20, que la consideró una enfermedad laboral no listada, es decir, no incluida dentro del listado de enfermedades laborales. Eso ocurrió hasta el 31 de diciembre, y si bien se habilitó el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales para cubrir los gastos, y fue insuficiente.

Como publicó LA NACION, ese fondo se había creado 25 años atrás, y se constituía a partir de un cargo fijo de $0,60 por trabajador. Para recapitalizarlo en el medio de la pandemia, se aumentó el cargo fijo a 40 pesos por empleado. El fondo tenía 5600 millones de pesos, pero en poco tiempo, se agotó.

Como fundamento a la suspensión del ingreso de nuevos jugadores a sector de Riesgos del Trabajo, el Gobierno manifestó que al 30 noviembre de 2021 ese fondo arrojaba un saldo negativo de más de 3000 millones de pesos. Y, si bien desde el 1° de enero son las empresas las que deben cubrir los casos de Covid-19, la situación deficitaria del fondo no parece que vaya a cambiar.

“En función del agotamiento de las sumas dinerarias del Fondo, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo han debido y deben hacer frente a los pagos imputables al mismo con recursos propios, los cuales les serán reintegrados una vez recompuesto su saldo”, consideró la SSN en la resolución.

De acuerdo con el balance realizado por el organismo estatal, el Fondo prestó cobertura a “a la fecha” a 470.000 trabajadores “con erogaciones mensuales que superan los 1500.000.000, mientras que los ingresos por aportes referidos a esos trabajadores alcanzan los 400.000.000″.

En ese sentido, se consignó que, durante al 30 de junio de 2021, en el último ejercicio, las aseguradoras hicieron frente al pago de siniestros y prestaciones por Covid por una suma equivalente a 7600 millones de pesos.

Sin embargo, también expuso que existen 3700 fallecimientos ocurridos por la cobertura del Covid asentados en el registro de denuncias a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, “la mayoría de ellos pendientes de pago a la fecha”.

Con todo, el organismo fundamentó la necesidad de frenar la habilitación de nuevas entidades. “El ingreso de nuevos operadores al mercado de riesgos del trabajo se traduciría en una situación de desigualdad comercial que no parece razonable sostener”, apuntó.

La Superintendencia de Seguros mencionó un caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1990 (CSJN, 18/09/1990, “Reaseguradora Argentina S.A: v. Estado Nacional”, R. 411-XXII, R.E., ED 141-828) en el que se concluyó la necesidad de observar los efectos que puede tener la habilitación de una nueva entidad sobre “el equilibrio económico” de las firmas que ya operan.

De esta forma, la SSN remarcó que “cualquier nuevo operador se encontraría en mejor condición que las entidades ya existentes, dado que no cargaría con el peso de los siniestros producidos por el Covid-19 y sus consecuencias sobre los aspectos financieros de las restantes entidades”.

La presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol, había reconocido a LA NACION que todas las empresas del sector tuvieron que adaptar sus sistemas rápidamente para hacer frente a una nueva enfermedad. De pasar a cubrir accidentes laborales, debieron pasar a contar con una red integrada por neumonólogos, infectólogos o médicos clínicos.

Pelea entre empresas, obras sociales y ART

El vencimiento del plazo en diciembre del decreto que consideraba al coronavirus como una enfermedad laboral no listada, y que por lo tanto, la infección tenía un carácter presuntamente laboral desató una batalla entre las empresas, las obras sociales y las ART.

Fueron las aseguradores de Riesgos del Trabajos las que hasta ahora cubrieron las prestaciones a partir del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales que, sin embargo, rápidamente se vio agotado. La falta de renovación de la medida decantó en que sean los propios empleadores los que deban hacerse cargo de la asistencia médica, las hospitalizaciones y los medicamentos.

“Con este nivel de casos, las empresas no van a poder soportarlo. Vamos a tener que cubrir todos los aislamientos y no hay más ayudas como ATP, bajas en las cargas sociales o de aportes patronales. Es una carga enorme en un momento en el que recién comenzamos a recuperarnos”, había reconocido días atrás a LA NACION Raúl Zylbersztein, Secretario General de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).

Los únicos que están amparados por las ART actualmente son los profesionales de la salud y el personal de seguridad, dado que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo explicitó, a través de una resolución, que la infección es entendida como inherente a su desempeño laboral.

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