Dónde se cortará la luz, knock out para un emblema argentino y dos artículos para privatizar Aerolíneas
Este verano puede ser explosivo. Lo sabe el Gobierno desde hace algunos meses, porque tiene los detalles de esa pesadilla potencial plasmados en un documento privado. Allí se describe, con la frialdad de una narración ingenieril, cuál es el estado del sistema eléctrico nacional de cara a los meses más calurosos del año, su capacidad para enfrentar los problemas y qué pasará si se cumplen determinados pronósticos.
La precisión incluye, también, cuáles son los lugares en los que hay más posibilidades de que se corte la luz. Es la base sobre la cual se está definiendo el plan de contingencia que prepara el Ministerio de Economía.
La comunicación que puso en alerta a todo el sistema salió el 3 de septiembre pasado desde Transener a Cammesa. El documento lleva la firma de Juan Weigandt, gerente de Operación y Planificación de la red, y anticipa que se esperan situaciones de alta carga con posible necesidad de restricciones a la demanda, algo que, por otra parte, es esperable en esa época del año.
Transener es la compañía privada encargada del transporte en alta tensión en todo el país. Si bien no resulta muy conocida entre la gente, es probable que casi todo el mundo haya visto en ocasiones alguno de sus activos. Son las torres metálicas enormes al costado de las rutas de las que cuelgan cables larguísimos.
Cammesa, en tanto, es la empresa mixta que administra el sistema eléctrico. Allí conviven funcionarios que responden al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y a José Luis Espert, con gran ascendencia sobre el presidente Javier Milei.
El documento pone en blanco sobre negro cuáles serán los puntos críticos del sistema este verano. La región más complicada es la zona central del país, incluidas la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Pero también se esperan problemas en Santa Fe y el litoral en general, así como en la zona centro, con Córdoba a la cabeza. Un gráfico que circula en el sector es elocuente. Marca en rojo los nodos cuyos transformadores pueden alcanzar niveles de carga cerca de la saturación o la superación de su capacidad. Están casi todos en ese color.
Otras provincias, como Chaco, tendrán un verano al límite en términos eléctricos, pero con un nivel de riesgo algo menor, según las proyecciones.
La documentación que circula hasta ahora hace prever que la Patagonia tendrá menos dificultades que el resto, aunque tampoco está exenta de riesgos por la infraestructura disponible.
El Gobierno puso en marcha un plan que combina elementos conocidos y otros recién llegados al escenario de crisis energética permanente en el que se acostumbró a vivir la Argentina. Entre los primeros, utilizará al máximo posible la generación de electricidad con combustibles líquidos como el fueloil, todo un asterisco para un país que se jacta de estar sobre una nube de gas proveniente de Vaca Muerta. Y no ahorrará en comprar gasoil, un combustible más caro. El límite lo pondrá la logística: 175.000 metros cúbicos por semana es la capacidad del sistema actual.
También se importará electricidad de países vecinos que suelen asistir, como Uruguay y Brasil, pero incluso se le pedirá una mano a Bolivia, un país con el que se está a punto de reducir al máximo la relación comercial por el gas.
Otros elementos surgidos de esta crisis parecen tener chances de perdurar en el tiempo. El Gobierno buscará aprovechar el atolladero para implementar mecanismos de mercado para el desarrollo del sector. Esto implica mayor autonomía para el sector privado en el marco de una retirada paulatina del Estado en la toma de decisiones. Para la Argentina energética, será como aprender a caminar de nuevo.
El país viene de décadas de intervención pública profunda, por la cual pagó costos altos y tuvo “éxitos” muy cuestionables. A tal punto que el gerente local de una empresa de energía de primera línea internacional se definió a sí mismo como un electricista. ¿Por qué? Porque las compañías, como Edenor, Edesur y muchas otras, se convirtieron en los sujetos a los que se llamaba cuando se cortaba la luz, casi sin injerencia sobre las decisiones cotidianas del negocio.
La actuación en el sector eléctrico es parte del método de la Casa Rosada. El Gobierno usa la ola que representa cada crisis para acercarse más a la costa de una solución a tono con lo que piensa el Presidente. Pasa también en Aerolíneas Argentinas, donde un aprieto derivó en la apertura de una discusión alrededor de su privatización. Es curioso que esa puerta se le había cerrado a Javier Milei hacía solo tres meses, en el marco de las concesiones del Gobierno para que saliera sancionada la Ley Bases, y fue reabierta de manera imprevista por la intransigencia de los gremios del sector aerocomercial.
Milei se jugará un pleno esta semana para acelerar una resolución en el conflicto aéreo. Los técnicos de su mesa chica, en coordinación con otros ministerios que tallan en la cuestión, trabajan en un decreto para privatizar Aerolíneas Argentinas que el Poder Ejecutivo enviará la semana próxima al Congreso. Es una señal inequívoca para los legisladores que estará envuelta en reminiscencias de los años 90.
La norma tendrá un mar de considerandos en un desierto de artículos. Serán solo dos, suficientes para poner en marcha la discusión más importante del último tiempo. Pero estarán antecedidos por una acumulación enciclopédica de justificaciones para cambiar el rumbo de la empresa.
El Gobierno tomó nota del artículo 9° de la Ley de Reforma del Estado, que le permite a la Casa Rosada hacer la declaración de que algo está sujeto a privatización. Luego, lo tienen que tratar los legisladores, con un trámite parlamentario de preferencia. Es decir, no se puede cajonear.
Los enviados de Milei en el Congreso profundizaron su trabajo de “evangelización” con diputados y senadores de la oposición. El mensaje lleva una advertencia: si no se hace algo con Aerolíneas, la empresa va camino a la liquidación.
Hay otra opción que el Gobierno está poniendo sobre la mesa para provincias que quieren involucrarse en la conectividad aérea. Es el caso Río Cuarto. Allí se hizo un acuerdo con la intendencia para garantizar que los aviones no pierdan plata. Si la nave no viaja con la gente suficiente para ganar plata, el distrito puede cubrir una cantidad equivalente de pasajes que permitan hacer rentable esa operación. Todos están invitados a subirse.
Aerolíneas es la sobreviviente de una raza con exponentes extintos. Algunos son lejanos para el Gobierno, como los casos de Alitalia y de la uruguaya Pluna, pero hay un conocimiento profundo del final de Varig, la línea aérea estatal brasileña. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, trabajó allí en esos años turbulentos.
En paralelo, Lombardo y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, lideran el equipo que tiene que resolver la urgencia más acuciante: encontrarle reemplazo a Gustavo García Lemos, el gerente de Operaciones que renunció en el marco del conflicto. Si esa silla no se cubre rápido, la empresa dejará de volar, algo que el Gobierno no quiere. La presión aumenta a medida que pasan los días. Hay una short list de candidatos, pero varios rechazaron ya el ofrecimiento.
Milei entrará en esa nueva aventura aeronáutica con los riesgos que acompañan a quien trabaja con cables pelados. En términos de opinión pública, Aerolíneas es una de las reinas de un Olimpo al que solo ingresan YPF y la Universidad de Buenos Aires. Así lo explica Guillermo Oliveto, un especialista en análisis cualitativos que desde hace dos décadas trabaja con sociólogos y antropólogos en grupos de estudio en profundidad. Para poner un ejemplo, no es lo mismo meterse con Aerolíneas Argentinas que con AySA, por la que casi nadie derramaría una lágrima siempre que el servicio de aguas y cloacas se siga prestando.
Hay pocos estudios de opinión hechos sobre la sensibilidad que despierta específicamente el futuro de la línea aérea. Sin embargo, de ellos surge un dato interesante que se repite: las alternativas sometidas a votación contemplan que permanezca en la órbita del Estado o que se privatice, pero no se contempla la posibilidad de su desaparición.
En otros términos, si la Casa Rosada se inclina por las alternativas más extremas, se enfrentará al rechazo social. Eso es porque en los tres casos anteriores no habría una grieta, sino una diagonal que involucra a votantes del oficialismo y de la oposición.
Milei está muy al tanto de estas cuestiones, porque sus asesores se lo cuentan. Ve encuestas con mucha frecuencia y sopesó el hecho de que su nivel de aprobación cayó en el último tiempo. Sus confidentes le dicen, de todas formas, que esas cifras, en su opinión, están sobrevaloradas por los medios de comunicación que les dieron difusión.
En cualquier caso, el Presidente tiene una posición ambivalente frente al tema: quiere ser valorado por su trabajo y estar arriba en las encuestas, pero justifica los tropiezos en el esfuerzo general que le está pidiendo a la población.
Las dudas que se generan en la intersección de ambas posiciones pueden explicar cierto temor con respecto al tema universitario, otro cable pelado al estilo de Aerolíneas o los jubilados, que desataron, según algunos analistas, el último traspié en el nivel de aprobación de Milei.
La política de avanzar con cambios en la crisis amenaza también con cargarse a otro clásico argentino: Casa de Moneda, la fábrica estatal de hacer billetes. Desde hace tiempo confluyen allí elementos políticos, económicos e ideológicos cuya aceleración se notó en los últimos 10 días.
Una comisión evaluadora del Banco Central, que maneja Santiago Bausili, ordenó la preadjudicación de 540.000 millares de billetes terminados de $20.000, que llevarán el rostro de Juan Bautista Alberdi, para el período marzo-julio del año próximo. La Argentina pagará por ese dinero US$26,22 millones.
La provisión de dinero encierra algunos datos sobresalientes. La China Banknote Printing and Minting Corporation, un gigante mundial del negocio con origen en ese país, hizo una oferta imposible de superar que barrió con la competencia. Pasó US$48 y US$49 por millar en cada renglón. Solo para comparar, su inmediata competidora, la imprenta estatal brasileña, cotizó US$56,63 y la norteamericana Crane, US$84,23. Quedó última.
Según especialistas en el tema, el precio de la imprenta china puede ser considerado predatorio. Casa de Moneda de la Argentina, por caso, tendría dificultades para hacer la misma provisión por debajo de los US$90. De hecho, ni siquiera fue invitada por su principal cliente, el Banco Central, para participar de la compulsa, porque debe trabajos que ya están pagos.
El año 2025 luce complicado para la tradicional imprenta pública: con China quedándose con los trabajos que antes le pertenecían y el resto de sus negocios también complicados, el futuro es incierto para este ícono argentino que no está protegido por el escudo que forman las diagonales. Acaso otra futura víctima del método de aprovechar cada crisis para dar un paso en la senda que Milei considera correcta.