Un aliado clave de Trump que estuvo con Santiago Caputo alertó sobre la “influencia maligna” de China en la Hidrovía
La disputa por la Hidrovía escaló en las últimas semanas al máximo nivel político entre la Argentina y Estados Unidos. Primero, Brian Mast, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y aliado de Donald Trump, advirtió al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre una presunta “influencia maligna” china en una de las ofertas que compiten por la concesión. Luego, el consorcio liderado por DEME y respaldado por empresas estadounidenses le escribió directamente a Javier Milei para denunciar un supuesto sesgo en favor de Jan De Nul y reclamar “condiciones equitativas” en la licitación.
La primera carta, a la que accedió LA NACION y cuya existencia fue revelada este jueves por Reuters, fue enviada a Rubio el 23 de abril en pleno tramo final de la licitación para adjudicar por 25 años las tareas de dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, por donde sale cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.
En el texto, Mast sostiene que la empresa belga Jan De Nul, actual operadora de la Hidrovía y una de las dos finalistas de la licitación, mantendría “vínculos profundos y permanentes” con entidades estatales de la República Popular China a través de su socia local, Servimagnus. También cuestiona el proceso licitatorio y afirma que los pliegos favorecerían a Jan De Nul mediante requisitos técnicos “innecesariamente restrictivos” y un piso tarifario que limitaría la competencia de precios.
“Otorgar el contrato a un consorcio respaldado por China sería inaceptable y dañino para la seguridad nacional de la Argentina, de Estados Unidos y para la relación bilateral”, escribió Mast en la carta dirigida a Rubio. Allí también sostuvo que la información sobre los presuntos vínculos fue compartida con la embajada estadounidense en la Argentina y con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.
El planteo se produjo en un contexto de fuerte lobby internacional alrededor de una de las mayores licitaciones del Gobierno de Javier Milei, que contempla inversiones estimadas en US$10.000 millones durante el período de concesión.
El 25 de marzo, LA NACION había revelado que el consorcio liderado por la dragadora belga DEME buscaba incorporar respaldo financiero y operativo de empresas estadounidenses para fortalecer su oferta frente a Jan De Nul. Entre las firmas involucradas aparecían Great Lakes Dredge & Dock (GLDD), Clear Street y el fondo KKR, además de conversaciones con organismos como la Development Finance Corporation (DFC), banco de desarrollo norteamericano, y la International Finance Corporation (IFC), del Banco Mundial.
El interés estadounidense por la licitación se produce en medio del fuerte alineamiento político entre Milei y Trump. El Gobierno argentino decidió excluir de la compulsa a empresas estatales extranjeras, lo que dejó afuera a compañías chinas y fue leído en el sector como un gesto hacia Washington.
Sin embargo, las acusaciones sobre supuestos vínculos chinos reaparecieron durante el proceso. El consorcio de DEME trasladó a funcionarios estadounidenses sus cuestionamientos sobre la licitación, tal como había informado Bloomberg, y expresó preocupación por presuntos nexos de Servimagnus con compañías chinas.
Santiago Caputo, asesor clave de Milei, viajó la semana pasada a Washington y mantuvo reuniones con Brian Mast y con Michael Jensen, director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
El propio Caputo confirmó públicamente esos encuentros en un mensaje publicado en redes sociales. Allí definió a Mast como “una persona muy allegada a Trump y Rubio” y aseguró que en las reuniones se destacó “la alianza estratégica con la Argentina” y la intención de profundizarla de manera “sistémica”. Bloomberg reveló además que el consorcio había trasladado esos cuestionamientos a funcionarios estadounidenses durante las últimas semanas.
LA NACION accedió además a otra carta enviada el 14 de mayo directamente a Javier Milei por el consorcio liderado por DEME y respaldado por empresas e inversores estadounidenses. El documento, copiado también al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno; al embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; a Marco Rubio; a Michael Jensen; a Brian Mast y al embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, denunció un supuesto “sesgo” en favor de Jan De Nul y reclamó garantías de “transparencia” y “competencia justa” en la licitación.
“Ingresamos al proceso licitatorio con optimismo, creyendo que su gobierno rompería con las viejas formas de hacer negocios en la Argentina”, señala la carta. Pero advierte que “el proceso, tal como está siendo implementado actualmente, muestra un sesgo para favorecer al consorcio Jan De Nul-Servimagnus, perjudicando materialmente al consorcio DEME respaldado por Estados Unidos”. El grupo aseguró además contar con “apoyo directo” del gobierno estadounidense y mencionó el interés de la DFC.
En otro de los pasajes más duros, el documento advirtió que, si el proceso continúa bajo la “trayectoria actual”, la concesión “corre el riesgo de enviar el mensaje de que las viejas formas de hacer negocios en la Argentina todavía prevalecen”, algo que —afirmaron— podría afectar futuras inversiones en infraestructura y sectores estratégicos.
La carta también cuestionó la actuación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), denunció supuestas inconsistencias en las evaluaciones técnicas y criticó el mecanismo de impugnaciones, que exige una garantía de US$10 millones para cuestionar decisiones administrativas.
En paralelo, la licitación avanzó en la Argentina. El 19 de mayo se abrió el tercer y último sobre, correspondiente a la oferta económica. Tanto Jan De Nul como DEME ofertaron el piso de la banda tarifaria prevista en los pliegos. Como Jan De Nul había obtenido mayor puntaje en la evaluación técnica previa, quedó mejor posicionada para quedarse con la concesión.
La compulsa, sin embargo, continúa rodeada de controversias. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió en la última semana un dictamen en el que advirtió sobre posibles irregularidades y un eventual “direccionamiento” del proceso. El Gobierno rechazó esas acusaciones y sostuvo que la licitación fue auditada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), además de contar con mesas participativas y apoyo de usuarios de la Hidrovía, como exportadores, cerealeras y entidades industriales.
Tras la apertura del último sobre, DEME endureció su postura y habló de “serias dudas” sobre el procedimiento. La compañía cuestionó especialmente la exigencia de presentar una garantía de US$10 millones para impugnar decisiones administrativas y dejó abierta la posibilidad de apelar el resultado.
“Esperábamos que hubiera una licitación justa”, sostuvo la empresa en un comunicado difundido esta semana. También afirmó que revisará los resultados junto a sus socios estadounidenses —GLDD, Clear Street y KKR— y analizará “los posibles pasos a seguir”.
Consultadas por LA NACION sobre la carta de Brian Mast y las acusaciones de vínculos con China, Jan De Nul y Servimagnus rechazaron de manera categórica las versiones.
“El proceso de licitación pública es transparente y ha recibido el apoyo y el consenso mayoritario de todos los usuarios de la VNT que lo han manifestado formalmente”, señalaron las empresas en una respuesta conjunta. Además, afirmaron que “las referencias que buscan instalar un supuesto vínculo de JDN y Servimagnus con capitales y empresas chinas en el marco de la actual licitación son absolutamente falsas y malintencionadas”.
Según indicaron, la propuesta presentada “muestra con contundencia la contratación de tecnología de origen estadounidense” y “deja bien clara la inexistencia de participación de empresas chinas en forma societaria o como proveedores”. Las compañías agregaron además que, “por el contrario”, en la propuesta de DEME “las cámaras de videovigilancia de la VNT” tendrían un proveedor chino.
LA NACION consultó también a Brian Mast, al entorno de Santiago Caputo y a la embajada de Estados Unidos en la Argentina, pero no obtuvo respuestas.