“Sin justicia no hay paz posible, no hay sociedad que crezca, ni derechos que se sostengan”
La Justicia atraviesa un momento particular tanto en Jujuy como en el resto del país.
Mientras la Corte Suprema de Justicia la Nación funciona hoy con solo tres jueces, situación que ha reabierto la discusión sobre la eficacia y la representatividad del máximo tribunal federal, en la provincia también se siente el impacto de un Superior Tribunal de Justicia que no opera con su integración plena.
Las vacantes existentes —algunas ya formalizadas y otras que podrían abrirse en el corto plazo— mantienen a la estructura judicial con menos miembros de los que la legislación provincial prevé, lo que inevitablemente afecta su funcionamiento cotidiano.
No se trata de señalar nombres ni por motivos personales, porque ese no es el punto; lo que preocupa es que un tribunal incompleto termina produciendo demoras, sobrecargas y, en definitiva, una sensación de inestabilidad institucional que se percibe en toda la comunidad jurídica. La ciudadanía no siempre distingue entre los distintos fueros o niveles del Poder Judicial, pero sí percibe cuando las decisiones tardan más de lo habitual o cuando los fallos que marcan precedentes llegan con retraso. Esa percepción contribuye a un clima de desconfianza que se ha extendido en todo el país y que Jujuy no puede permitirse profundizar.
El mecanismo de selección está claro en la Constitución provincial: el Poder Ejecutivo propone y la Legislatura debe prestar acuerdo en sesión pública. Los requisitos para formar parte del Superior Tribunal son estrictos, buscan asegurar idoneidad, trayectoria y solidez ética. Pero, más allá de la claridad normativa, la realidad muestra que aún falta voluntad política para cubrir los cargos vacantes con la celeridad que demanda la situación. Cada día que el Tribunal funciona con menos jueces de los que permite su integración máxima, el riesgo de cuello de botella crece, especialmente en causas complejas que requieren deliberación colegiada.
La discusión sobre la integración del Tribunal también abre una oportunidad. En un tiempo en que la Justicia enfrenta cuestionamientos por falta de cercanía, por exceso de burocracia o supuesta alineación con intereses políticos, completar los cargos vacantes enviaría una señal positiva de renovación, profesionalismo y fortalecimiento institucional. La provincia necesita que su órgano judicial máximo funcione con todos sus integrantes no solo para cumplir con la letra constitucional, sino porque un tribunal pleno aporta previsibilidad, equilibrio y una mayor capacidad para absorber la carga de trabajo.
Jujuy tiene una historia judicial rica y profesionales muy capaces para ocupar esos lugares. Lo importante es que el proceso avance con criterios de excelencia y que las designaciones contribuyan a recomponer la confianza pública. En un país donde incluso la Corte Suprema opera al mínimo, la provincia tiene la oportunidad de hacer exactamente lo contrario: mostrar que la justicia se fortalece cuando se la toma en serio. A veces, un gesto institucional vale más que mil discursos, y completar la integración del Superior Tribunal sería un gesto que la sociedad, sin dudas, sabrá reconocer.
La integración plena de un máximo tribunal no constituye un acto de partidización, sino una obligación institucional destinada a garantizar su operatividad, la división de poderes y la correcta administración de justicia.
