Los abogados de Cristina Kirchner hicieron una nueva presentación ante la ONU para que se revise la condena de la expresidenta
Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner hicieron este martes una nueva presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de 6 años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.
Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejecer cargos.
También denunciaron actos de “intimidación”, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Fernández de Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a LA NACION desde en el entorno de la expresidenta.
“Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité”, dijo Valim en diálogo con la agencia Reuters.

Para el letrado, “eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”.
Valim apostó además que el comité “va a reconocer las violaciones de derechos”. “Aquí la duda es cuándo”, se preguntó.
La presentación
Fernández de Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último para denunciar que durante el proceso judicial por el que terminó condenada se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso.
Valim explicó en aquella oportunidad que la comunicación enviada a Naciones Unidas no fue “un acto de agresión” al sistema judicial argentino, sino un “derecho constitucional” y un “mecanismo previsto por las normas del orden”.
El letrado, de ciudadanía brasileña y quien también participó en la defensa del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa por corrupción Lava Jato, comparó la causa de la expresidenta con la del mandatario brasileño y reconoció que comparten puntos en común.
En el caso argentino, esta vía internacional quedó recién habilitada tras haberse agotado todos los recursos internos en la Justicia local, a partir de lo determinado por el fallo de la Corte Suprema.
Por eso buscan la “suspensión de la inhabilitación perpetua” para frenar la restricción de sus derechos políticos de la expresidenta mientras se resuelve la condena, y la “modificación del régimen de prisión domiciliaria”, que incluiría el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la restricción de visitas, el acceso al aire libre y un “tratamiento igualitario respecto a otros detenidos en idéntica condición”.
Y también una “integración legal de la Corte Suprema” con una “normalización de la composición del máximo tribunal para “garantizar el Estado de Derecho y el derecho a un recurso judicial efectivo”.
La condena de la exmandataria data de junio de 2025, cuando fue sentenciada a 6 años de prisión —que cumple de forma domiciliaria en su departamento de Constitución— e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por una maniobra de corrupción en torno a la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.
