La crisis en la Justicia que pudo favorecer la reelección de los intendentes
La Justicia merodeó la inquietante posibilidad de ofrendarle a los intendentes bonaerenses un inestimable precedente para lograr la reelección indefinida en sus cargos. De haber prosperado, el recurso presentado por Diego Barroetaveña les habría proporcionado un argumento simple pero muy eficaz. La anulación de cualquier límite a sus mandatos ya no sería la pretensión aislada de un grupo de poder. Hubiese tenido por antecedente nada menos que al planteo del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Ser exceptuado de la prohibición de representar por dos mandatos consecutivos a los jueces en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona a futuros magistrados y vigila que sus procedimientos se ajusten al Derecho. Hay quienes creen en Tribunales que si Barroetaveña se animó a pedir permiso para violar el reglamento es porque el año pasado el Consejo de la Magistratura avaló la reelección de sus autoridades. Un proceso encabezado por Agustina Díaz Cordero, la vice en ese cuerpo del titular de la Corte, Horacio Rosatti. Aunque se opuso a esta decisión, el kirchnerismo obró con reflejos.
El senador José Mayans presentó un recurso para que María Inés Pilatti Vergara, Vanessa Siley, Mariano Recalde y Rodolfo Tailhade gocen del mismo privilegio que estuvo a punto de obtener Barroetaveña y sigan representado al Congreso. Recién hace dos semanas la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo suspendió el efecto de la respuesta favorable de Enrique Lavié Pico a Barroetaveña. Lo que detuvo la amenaza de otros exhortos similares, como los de Jimena De La Torre y María Fernanda Vázquez, cuya conexidad con el caso de Barroetaveña fue rechazada con agilidad por Lavié Pico. Además de ser vocales por los abogados, De La Torre y Vázquez representan al Pro y a la UCR, que pudieron quedar en un aprieto con su comportamiento. Al menos por ahora, sus bloques hacen pública la intención de oponerse a la reelección indefinida de los intendentes si ese proyecto llega a la Legislatura bonaerense.
Que esta espiral de irracionalidad se haya detenido por el desistimiento de la acción de quien la inició, el juez Barroetaveña, sirve para dimensionar la crisis de los partidos políticos. Pero también la del Poder Judicial. Acicateada por la designación de casi 70 nuevos funcionarios de la que se ufanó Juan Bautista Mahiques en X. “Como siempre decimos: es un triunfo del pueblo argentino que merece una justicia que funcione bien” posteó el 27 de agosto el ministro de Justicia en X.
Una apreciación discutible, como cualquier otra. Pero en particular por la decisión de anular la causa abierta por contrabando contra Salvador “El tano” Rosselli adoptada el día 25 por Javier López Biscayart. Rosselli es un histórico funcionario del ARCA en el área de Aduanas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La Justicia Federal de San Isidro comenzó a investigarlo en octubre de 2025 por una denuncia anónima en su contra que pasó después al fuero penal y económico y recayó en el juzgado de López Biscayart.
Rosselli fue desplazado de Ezeiza en enero por el titular del ARCA, Andrés Vázquez, en una de las sucesivas purgas en el aeropuerto. Con funciones actuales en el puerto de Buenos Aires, Roselli fue sustituido por Nicolás Velis. Hijo de José Velis, titular de la dirección general de Aduanas en esa terminal. De acuerdo a una versión insistente, Velis padre pidió licencia a ese cargo luego de que su hijo quede involucrado en un caso de contrabando.
En la causa que anuló López Biscayart, Rosselli era investigado por su vínculo con Roberto, Martín y Juan Artusa. Titulares de “Art Group”. Una empresa dedicada al comercio exterior. Pero que hasta febrero tenía registrada como actividad solo tres operaciones comerciales con Paquistán. La denuncia asegura que Rosselli permitía a los Artusa ingresar ilegalmente desde Miami valijas repletas de celulares Iphone.
Siguiendo la doctrina inaugurada por el fiscal federal Eduardo Taiano, López Biscayart anuló la causa por ser originada con una denuncia anónima. Pero también porque fue instruida por un auxiliar fiscal. Una figura contemplada en el nuevo Código Procesal. Pero no en el viejo, cuya vigencia en la Justicia Federal fue prorrogada hasta 2027.
Fuentes judiciales sindican a Roselli como una pieza del poder que Jaime Stiuso supo tener en Ezeiza y que ambiciona recuperar. Lo mismo dicen de López Biscayart. Aunque sin el nivel de adhesión al exespía del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Stiuso es un aliado extra gubernamental de Santiago Caputo a quien responde Vázquez, titular del ARCA. El fracaso de su designación en la Corte no cortó el lazo entre Caputo y Ariel Lijo. El titular del juzgado federal N°4 es la cara visible de un sector de la familia judicial que también integra Juan Tomás Rodríguez Ponte. Recientemente designado juez federal N°2 de Lomas de Zamora con jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza.
Antes de ser magistrado y titular de la oficina de escuchas de la Corte, la Dajudeco, Rodríguez Ponte fue secretario de Lijo. Quien compite por la Procuración General con Mahiques. La primera medida que adoptó Mahiques como ministro de Justicia fue demorar hasta 2027 la aplicación en Comodoro y del nuevo Código Procesal. El intersticio para el audaz planteo del juez de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, que instó a la Corte a resolver cuál de las dos versiones del Código debe utilizarse para juzgar a Marcelo Bailaque, ex juez federal en esa ciudad y acusado de extorsión a empresarios, en combinación con el extitular del Arca Santa Fe, Carlos Vaudagna, y el financista Fernando Whipei. Pero que podría implicar a otros magistrados como Gastón Salmaín y Carlos Vera Barros en la etapa de alegatos.
El Consejo de la Magistratura resolvió iniciar el juicio político contra Salmaín y le negó convocar a que declare a Vera Barros. El juez que lo investigó por extorsión. La eventual delación entre supuestos cómplices de una organización es uno de los efectos suspendidos por la decisión de Pineda. Que, sin embargo, concedió en menos de dos horas la apelación de los fiscales del caso Bailaque a la Cámara Federal de Casación.
Quienes asistieron a la reunión de los intendentes del grupo AFA con Máximo Kirchner, realizada el 27 de agosto en Merlo, aseguran que el jefe de La Cámpora pudo sortear referirse a la reelección de los intendentes con la complicidad de Martín Insaurralde. A regañadientes, esos intendentes aceptan al exintendente de Lomas de Zamora como su líder. Al menos espiritual.
Insaurralde les propuso ampliar esa liga con intendentes del Interior para ser la cuarta pata en la negociación por las candidaturas a la Legislatura bonaerense. Máximo, Axel Kicillof y Sergio Massa son las otras tres. Quienes recelan de Insaurralde especulan que se trata de una maniobra combinada con Máximo y Massa para que se conformen con obtener la eliminación de la cláusula que sólo les permite dos mandatos. La Cámpora y el Frente Renovador tienen las llaves de ese proyecto en la Legislatura.
A cambio de colaborar con la paz de los intendentes, Insaurralde pide colocar el candidato a vicegobernador y conservar a sus delegados parlamentarios. De lograr otra con la Justicia se encargan quienes ya dialogan con Lijo. La causa en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos depende de Rodríguez Ponte desde hace algunas semanas.